La ciudad de La Paz quedó este lunes prácticamente cercada por una serie de protestas y movilizaciones que derivaron en saqueos, destrozos, ataques a instituciones públicas, enfrentamientos con efectivos policiales y la paralización parcial del sistema de transporte por cable Mi Teleférico. La jornada también dejó personas heridas, entre ellas civiles, trabajadores de prensa y efectivos del orden.
De esta manera, la tercera semana consecutiva de movilizaciones y bloqueos en el país comenzó sin que se concrete un acercamiento entre el Gobierno y los sectores movilizados, pese a los intentos de mediación impulsados por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de Derechos Humanos, que buscaron abrir un espacio de diálogo entre ambas partes.
Desde tempranas horas de la mañana, columnas de campesinos, cooperativistas mineros, fabriles y otros sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana, junto a grupos afines al expresidente Evo Morales, descendieron desde la ciudad de El Alto y distintos puntos de la sede de Gobierno rumbo al centro paceño.
En total fueron tres grandes marchas las que confluyeron en inmediaciones del centro político del país con una demanda principal: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Mientras tanto, en la Plaza Murillo se desplegó un fuerte contingente policial, todavía bajo el impacto de los violentos disturbios registrados el pasado jueves, cuando cooperativistas mineros intentaron ingresar con dinamita al kilómetro cero del poder político, mientras en las provincias se radicalizaban los bloqueos instalados en más de una treintena de puntos.
Escalada de violencia
Los grupos movilizados que iniciaron su recorrido desde El Alto avanzaron entre petardos, cachorros de dinamita y amenazas dirigidas a vecinos y comerciantes. Otras columnas ingresaron desde la zona Sur y el Cruce de Villas, donde se reportaron agresiones contra ciudadanos que cuestionaban la presencia de los manifestantes.
Cerca del mediodía, varios grupos intentaron romper el cerco policial instalado alrededor de la Plaza Murillo utilizando piedras y explosivos para abrirse paso por calles adyacentes. Los efectivos respondieron con el uso de gases lacrimógenos, generándose violentos enfrentamientos en distintos sectores del centro paceño.
Con el paso de las horas, los disturbios dejaron de concentrarse únicamente en inmediaciones de Plaza Murillo y comenzaron a extenderse hacia otros puntos de la ciudad, donde se reportaron saqueos, ataques a negocios particulares y daños contra oficinas públicas.
Uno de los hechos más graves ocurrió en instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia, donde manifestantes lograron ingresar y comenzaron a lanzar muebles, documentos y estanterías por las ventanas del edificio. También se denunciaron daños en dependencias de la Fiscalía Departamental y ataques contra estaciones de Mi Teleférico, cuyos servicios fueron suspendidos parcialmente debido al riesgo para usuarios y trabajadores.
Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de pánico entre pasajeros y agresiones contra personal de seguridad. En una de las grabaciones se observa a un guardia reducido y golpeado en el suelo, hecho que provocó indignación y el rechazo de distintos sectores de la población.
Otro foco de conflicto se registró en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde grupos movilizados intentaron ingresar para exigir la liberación de personas arrestadas durante la jornada. En ese sector fueron incendiados un vehículo y una motocicleta policial que se encontraban estacionados detrás de la dependencia.
La cobertura periodística tampoco quedó al margen de la violencia. Reporteros y camarógrafos que realizaban transmisiones en vivo denunciaron agresiones físicas y ataques mientras cubrían los enfrentamientos.
Cerca de 100 aprehendidos
En medio de la crisis, que dejó un saldo cercano a un centenar de personas aprehendidas, el vocero presidencial José Luis Gálvez denunció la presencia de “grupos que han pasado al uso de armas” y señaló como responsables de promover “violencia armada” al dirigente de la COB, Mario Argollo, al senador Nilton Condori y a otros líderes vinculados a las movilizaciones.
“No es necesario que corra más sangre de los bolivianos”, manifestó la autoridad en medio de la tensión que se vive en la sede de Gobierno.
Llamado urgente al diálogo
Ante la escalada del conflicto, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto emitieron un pronunciamiento conjunto expresando su preocupación por los hechos de violencia, las vulneraciones a los derechos humanos y las afectaciones a terceros.
El documento fue firmado por monseñor Giovanni Arana, el defensor del Pueblo Pedro Callisaya y la dirigente Virginia Ugarte.
“Frente a la intransigencia en el conflicto llamamos a contraponer la claridad de la palabra; frente al descontrol de las pasiones vigorizar la fuerza del entendimiento; frente a la presencia de la violencia invocamos la fecundidad del diálogo”, señala parte del pronunciamiento.
Las tres instituciones convocaron a un “Diálogo por el Bien Común”, aunque hasta el cierre de la jornada todavía no existía una confirmación oficial para instalar una mesa de negociación entre el Gobierno y los sectores movilizados, mientras el centro paceño continúa convertido en escenario de tensión y enfrentamientos.
