La ciudad de El Alto fue escenario este martes del denominado “Gran Cabildo por una Bolivia Libre y Soberana”, una concentración convocada por el Comité Ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz y la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), en la que participaron representantes de distintos sectores sociales que mantienen movilizaciones en el país.
Durante el encuentro, los asistentes ratificaron su principal demanda política: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Asimismo, aprobaron una resolución que declara a las organizaciones participantes en estado de emergencia permanente y establece nuevas medidas para fortalecer las protestas que se desarrollan desde hace más de un mes en diferentes regiones del territorio nacional.
El cabildo comenzó cerca de las 11:30 de este 2 de junio y reunió a dirigentes vecinales, sindicales y representantes de organizaciones sociales que respaldan las movilizaciones. Entre los principales participantes destacó la presencia de Mario Argollo, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), quien reapareció públicamente luego de haber manifestado días atrás que se encontraba en la clandestinidad.
También participó Justino Apaza, dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), identificado con sectores afines al expresidente Evo Morales, quien respaldó las resoluciones asumidas durante el encuentro.
Entre las principales determinaciones adoptadas por el cabildo figura el fortalecimiento de las movilizaciones y medidas de presión en todo el país. Los participantes acordaron coordinar acciones con diferentes organizaciones sociales para mantener y ampliar las protestas hasta lograr respuestas a sus demandas.
Asimismo, las organizaciones resolvieron no participar en futuras convocatorias al diálogo promovidas por el Gobierno, argumentando que las negociaciones anteriores no han generado soluciones concretas a los problemas que denuncian.
Las resoluciones fueron aprobadas en medio de un escenario de creciente tensión social y política. Este martes se cumplen 33 días consecutivos de movilizaciones y bloqueos en distintas carreteras del país, situación que ha generado importantes dificultades para el transporte interdepartamental.
Los cortes de ruta han afectado principalmente las conexiones entre los principales centros urbanos del país, provocando problemas en el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros insumos esenciales para la población.
Diversos sectores económicos y productivos han advertido sobre las consecuencias de la prolongación del conflicto, señalando que las restricciones al transporte están ocasionando pérdidas millonarias y poniendo en riesgo la provisión regular de productos básicos en varias regiones.
Mientras tanto, los sectores movilizados mantienen su postura de continuar con las medidas de presión y exigen cambios políticos y económicos, entre ellos la renuncia del presidente Rodrigo Paz, demanda que volvió a ser respaldada de manera unánime durante el cabildo realizado en la ciudad de El Alto.
Con la declaración de emergencia permanente y la decisión de reforzar las movilizaciones, las organizaciones participantes anticipan una continuidad del conflicto social, mientras el país enfrenta más de un mes de bloqueos que afectan la circulación, el abastecimiento y la actividad económica en distintas regiones.
