La crisis social que atraviesa Bolivia sumó un nuevo episodio de tensión este martes luego de que sectores campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz tomaran las instalaciones del pozo petrolero del campo Humberto Suárez, ubicado en el municipio cruceño de Santa Rosa del Sara, según confirmó la Policía Boliviana.
De acuerdo con el reporte oficial, los movilizados instalaron una vigilia permanente en el lugar, ocuparon parte del área operativa y bloquearon el camino de acceso a las instalaciones energéticas, provocando la interrupción de las actividades regulares del campo petrolero. La medida generó preocupación debido a su impacto sobre la producción y el bombeo de hidrocarburos, considerados estratégicos para la economía nacional.
Ante esta situación, la Policía desplegó un contingente de efectivos con el objetivo de resguardar la infraestructura, evitar daños a las instalaciones y buscar una salida pacífica al conflicto mediante el diálogo con los manifestantes.
El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que la principal demanda de los sectores movilizados es la renuncia del presidente Rodrigo Paz, exigencia que forma parte de las protestas que desde hace más de un mes se desarrollan en distintas regiones del país.
“Lo que están pidiendo es la renuncia del señor presidente. En tal virtud, nosotros estamos desplegando un contingente policial para poner orden y restituir lo que por derecho corresponde”, manifestó la autoridad policial al referirse a la situación registrada en Santa Rosa del Sara.
Según los informes recabados por las fuerzas del orden, además de la toma de las instalaciones petroleras, las cuatro centrales campesinas del municipio participan en el bloqueo del tramo caminero que conduce al pozo Humberto Suárez, dificultando el ingreso y salida de personal, equipos y suministros necesarios para el funcionamiento de la planta.
La Policía señaló que actualmente 33 trabajadores desarrollan labores dentro de las instalaciones, por lo que existe una especial preocupación por garantizar su seguridad y evitar que el conflicto escale a niveles de violencia.
Gómez explicó que la estrategia inicial contempla el diálogo y la persuasión para lograr que los movilizados abandonen el lugar de manera voluntaria. Sin embargo, advirtió que si las negociaciones fracasan y continúa la ocupación de la infraestructura estratégica, no se descarta la intervención de las fuerzas del orden para restablecer las operaciones.
“Están obstruyendo el bombeo regular y, obviamente, están afectando la economía de nuestro Estado”, sostuvo el comandante, quien remarcó que la interrupción de las actividades productivas puede generar consecuencias económicas importantes.
La autoridad policial insistió en que la prioridad es encontrar una solución pacífica. “Mediante la persuasión vamos a hacer que estas personas se retiren del lugar. Si no es así, vamos a tener que utilizar la fuerza para restituir el derecho en esta zona”, advirtió.
