Los cabildos ciudadanos realizados este martes en las ciudades de La Paz y Sucre concluyeron con un pedido coincidente al Gobierno nacional: la declaratoria de un estado de excepción para restablecer la transitabilidad en las carreteras y poner fin a los bloqueos que afectan al país desde hace más de un mes. Las resoluciones fueron leídas públicamente por representantes de ambos encuentros y reflejan el creciente malestar de diversos sectores ante la prolongación del conflicto.
En la ciudad de La Paz, el encargado de dar lectura a las conclusiones fue Ayrton Soto, quien presentó una serie de resoluciones aprobadas por los asistentes al cabildo desarrollado en la plaza San Francisco. Entre los principales puntos destaca la exigencia de que el Gobierno declare un estado de excepción en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la libre circulación y levantar las medidas de presión instaladas en diferentes regiones.
Además de esa demanda, los participantes aprobaron otras seis resoluciones. Entre ellas figura la solicitud de renuncia de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), encabezada por Mario Argollo, a quienes responsabilizan por la situación de conflictividad que atraviesa el país.
Otro de los puntos aprobados fue la exigencia de la aprehensión del expresidente Evo Morales y su posterior extradición a Estados Unidos. Asimismo, los asistentes solicitaron la implementación de un diferimiento de entre tres y seis meses para los deudores del sistema financiero nacional, con el fin de aliviar la situación económica de miles de familias afectadas por la crisis.
Las conclusiones también incluyen la aprobación de una ley antibloqueo que establezca sanciones contra quienes interrumpan el libre tránsito en las carreteras del país. Del mismo modo, se pidió que en un plazo de 48 horas se retire la personería jurídica de la COB.
Finalmente, durante el desarrollo del cabildo fue incorporado un séptimo punto relacionado con la renuncia del vicepresidente del Estado, Edman Lara, demanda que recibió el respaldo de una parte de los asistentes al evento.
El acto se desarrolló entre las 18:00 y las 19:00 en la plaza San Francisco y contó con la participación de aproximadamente 5.000 personas, según los organizadores. La convocatoria fue impulsada por un denominado “Comité Multisectorial Nacional”, organización que reunió a ciudadanos de distintos sectores sociales para debatir la situación que atraviesa el país.
Durante el encuentro se escucharon diversas intervenciones de los asistentes, quienes tuvieron un tiempo limitado para expresar sus planteamientos. Cada orador dispuso de un minuto para presentar propuestas y manifestar su posición respecto al conflicto nacional.
Uno de los momentos más destacados de la concentración se produjo cuando los asistentes corearon consignas dirigidas al Gobierno, exigiendo acciones inmediatas para resolver la crisis. “¡Pónganse los pantalones, carajo!”, fue una de las frases que se escuchó repetidamente durante el cabildo, en referencia a la demanda de declarar estado de excepción.
La movilización se desarrolló en un contexto marcado por dificultades de transporte debido a la escasez de combustibles. Muchos de los participantes llegaron al centro paceño utilizando las líneas del sistema de teleférico, mientras que otros tuvieron que recorrer largas distancias a pie ante la reducción de vehículos de transporte público.
En Sucre, la capital del Estado, también se llevó adelante un cabildo ciudadano con similares características. En esta ocasión fue el presidente del Comité Cívico, Clíver Pérez, quien dio lectura a las conclusiones finales aprobadas por los asistentes.
Al igual que en La Paz, el principal planteamiento estuvo orientado a exigir al Gobierno la declaratoria de un estado de excepción para garantizar el desbloqueo de carreteras y recuperar la normalidad en el tránsito de personas y mercancías.
Los participantes expresaron su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que generan las medidas de presión, especialmente en sectores productivos, comerciales y de transporte que se han visto afectados por la interrupción de las principales rutas del país.
Las resoluciones de ambos cabildos se producen en un momento en que Bolivia cumple 40 días consecutivos de conflicto. La crisis comenzó el pasado 1 de mayo, cuando la COB impulsó un bloqueo general de caminos luego de que el Gobierno rechazara las reuniones de negociación que habían sido planteadas por distintos sectores.
Desde entonces, la confrontación se ha mantenido sin una solución definitiva, generando problemas en el abastecimiento de productos, dificultades en el transporte de pasajeros y una creciente preocupación por el impacto económico que los bloqueos tienen sobre diversas actividades productivas.
