En medio del intenso debate nacional sobre la posible aplicación de un estado de excepción en Bolivia, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se pronunció brevemente este martes para aclarar la posición del Ejecutivo respecto a las versiones y especulaciones que han surgido en los últimos días sobre la eventual implementación de esta medida extraordinaria.
Durante una corta conferencia de prensa, la autoridad se dirigió a la población y especialmente a quienes han difundido distintas interpretaciones sobre la reciente promulgación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, norma que ha generado un amplio debate político y social en el contexto de los más de 40 días de conflicto y 35 jornadas consecutivas de bloqueos registrados en distintas regiones del país.
Oviedo sostuvo que cualquier determinación relacionada con la declaración de un estado de excepción es una facultad exclusiva del Órgano Ejecutivo y que una eventual decisión deberá ser analizada y discutida internamente por el gabinete ministerial bajo la conducción del presidente Rodrigo Paz.
“Yo quiero decirles, para dejar de lado varias especulaciones que han estado circulando en la sociedad boliviana, que esta —el dictar el estado de excepción— es una discusión de los ministros, a la cabeza del presidente, y que será tratada en el momento en que corresponda tratarse, lo demás son especulaciones”, manifestó la autoridad.
Tras realizar esa declaración, el ministro dio por concluida su explicación sobre el tema, evitando brindar mayores detalles acerca de si el Gobierno analiza actualmente la posibilidad de aplicar esta medida o si existen plazos definidos para abordar el asunto dentro del gabinete.
Las declaraciones de Oviedo se producen en un contexto de creciente expectativa nacional sobre el alcance de la nueva normativa aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. El tema ha cobrado relevancia desde el pasado fin de semana, cuando el proyecto de ley fue aprobado primero en la Cámara de Senadores y posteriormente en la Cámara de Diputados.
La discusión se intensificó aún más luego de que el presidente Rodrigo Paz promulgara oficialmente la norma el lunes 8 de junio, habilitando el marco legal que regula la aplicación de los estados de excepción en territorio boliviano.
Sin embargo, pese a la promulgación de la ley, las autoridades han recordado que la entrada en vigencia de un estado de excepción no ocurre de manera automática. La norma establece una serie de procedimientos constitucionales y legales que deben cumplirse antes de que la medida pueda aplicarse efectivamente.
Entre esos requisitos se encuentra la emisión de un decreto supremo por parte del Presidente del Estado, documento que debe fundamentar las razones que justifican la declaratoria y definir el alcance territorial y temporal de la medida.
Una vez emitido el decreto presidencial, este debe ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración. El Legislativo dispone de un plazo de 72 horas para analizar la determinación y resolver si aprueba o rechaza la declaratoria.
Por ello, aunque la ley ya fue promulgada y se encuentra vigente, la aplicación de un estado de excepción dependerá de una decisión política posterior adoptada por el Ejecutivo y del correspondiente control legislativo previsto por la normativa.
Las declaraciones del ministro se producen además en medio de una coyuntura marcada por los bloqueos de carreteras, las dificultades de abastecimiento en varias regiones y las crecientes demandas de distintos sectores sociales y cívicos que exigen medidas inmediatas para restablecer la transitabilidad en el país.
