El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseguró que, hasta el momento, la investigación del denominado caso “narco-maderas” no ha logrado establecer que los cargamentos de madera boliviana hayan sido utilizados para el tráfico de sustancias controladas. La autoridad enfatizó que las pesquisas continúan en una etapa preliminar y que, por ahora, no existen elementos suficientes para responsabilizar al sector forestal por los hechos investigados.
Mariaca explicó que las investigaciones desarrolladas tanto en Bolivia como en coordinación con autoridades de otros países aún no han permitido confirmar las denuncias que surgieron a partir de las sospechas de que cargamentos de madera exportados desde Bolivia contenían droga oculta. En ese sentido, insistió en que los resultados obtenidos hasta la fecha no respaldan esa hipótesis.
“No se ha podido determinar, tanto en nuestro país como otras diligencias que se están realizando en otros países, para poder determinar que sí hubo lo que es el tráfico de sustancia controlada en las maderas”, manifestó el fiscal general.
Las declaraciones de la máxima autoridad del Ministerio Público se producen en medio de la controversia generada por la investigación iniciada por autoridades chilenas, que alertaron sobre presuntos envíos de madera boliviana contaminados con sustancias controladas. Estas denuncias derivaron en la aplicación de estrictos controles en los pasos fronterizos, afectando el normal desarrollo de las exportaciones del sector forestal.
De acuerdo con datos proporcionados por la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), las medidas extraordinarias de inspección provocaron la paralización temporal de numerosos cargamentos durante varias semanas, ocasionando una reducción de hasta el 66% en las exportaciones de productos forestales en comparación con un año de actividad normal.
Frente a esta situación, Mariaca sostuvo que el Ministerio Público no puede emitir conclusiones anticipadas ni formular acusaciones contra un sector productivo sin contar con pruebas sólidas que respalden una eventual imputación. En ese marco, subrayó que la Fiscalía debe actuar con responsabilidad para evitar causar perjuicios irreparables a empresarios y trabajadores que durante décadas han desarrollado la actividad forestal de manera legal.
“No queremos ser irresponsables con aquellas personas que ponen el hombro al país, aquellos empresarios, madereros que tienen tradición de más de 20 o 30 años. No podemos ir y destruir todo eso que han construido con ciertos indicios o con presupuestos que a la fecha no existen”, afirmó.
Mientras las investigaciones continúan, la Cámara Forestal de Bolivia informó que algunos de los camiones retenidos en distintos puntos fronterizos comenzaron a ser liberados, lo que genera expectativas de que las operaciones de exportación puedan reanudarse gradualmente y recuperar el flujo comercial afectado durante las últimas semanas.
El presidente de la institución, Pedro Colanzi, cuestionó duramente las declaraciones emitidas por el fiscal de Arica, al considerar que fueron “infundadas, temerarias y hasta irresponsables”, ya que, según afirmó, desencadenaron una crisis que perjudicó gravemente al sector forestal boliviano.
Asimismo, Colanzi indicó que estudios técnicos especializados concluyeron que la madera de clase 3, utilizada en los cargamentos observados, presenta características físicas que hacen extremadamente difícil, e incluso casi imposible, impregnarla con sustancias ilícitas, lo que, a su criterio, refuerza la posición del sector respecto a la falta de fundamentos en las acusaciones.
