El vocero presidencial, José Luis Gálvez, cuestionó las denuncias realizadas por autoridades chilenas sobre la supuesta detección de 108 toneladas de droga ocultas en cargamentos de madera provenientes de Bolivia y aseguró que, hasta el momento, no existen evidencias que respalden esas afirmaciones. La autoridad sostuvo que los resultados preliminares conocidos públicamente contradicen dicha versión y señaló que el Gobierno boliviano continúa a la espera de la información oficial que emitan las autoridades chilenas.
Durante sus declaraciones, Gálvez afirmó que las pruebas realizadas hasta la fecha han arrojado resultados negativos, por lo que consideró que la versión inicial sobre la existencia de una cantidad tan elevada de sustancias controladas carece de sustento. En ese sentido, calificó de «inverosímil» la cifra de 108 toneladas mencionada por las autoridades chilenas y aseguró que los datos obtenidos hasta ahora apuntan a desmentir esa acusación.
“Las pruebas, hasta donde es de conocimiento público ya, dieron negativo. O sea, no hay las 108 toneladas que decían las autoridades chilenas respecto a que había droga en esa proporción, es una cosa inverosímil. Y los datos van corroborando en esa dirección. Estamos a la espera de los datos oficiales, formales”, manifestó el vocero presidencial.
Las declaraciones de Gálvez se producen luego de que, horas antes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informara que las investigaciones desarrolladas hasta el momento no han permitido establecer que los cargamentos de madera boliviana hayan sido utilizados para el tráfico de sustancias controladas. Asimismo, remarcó que no existen elementos suficientes para responsabilizar al sector maderero por este presunto hecho ilícito.
El vocero también indicó que las inspecciones efectuadas en Brasil sobre otros cargamentos de madera procedentes de Bolivia tampoco encontraron rastros de sustancias ilícitas, lo que, a su juicio, refuerza la postura del Gobierno respecto a la falta de pruebas que sustenten las denuncias difundidas inicialmente.
Gálvez sostuvo además que la repercusión pública del caso ha generado un perjuicio significativo para toda la cadena productiva del sector forestal boliviano, debido a que las acusaciones afectaron la imagen de los exportadores de madera y sembraron dudas sobre la legalidad de sus operaciones comerciales.
En ese contexto, consideró que el tratamiento dado a la denuncia contribuyó a agravar las consecuencias para la industria maderera, un sector que depende en gran medida de los mercados internacionales y cuya reputación puede verse afectada por este tipo de señalamientos.
Finalmente, el vocero presidencial afirmó que el caso fue abordado desde una perspectiva política, por lo que llamó a reflexionar sobre el impacto que puede tener la difusión de acusaciones sin resultados concluyentes. En ese sentido, insistió en la importancia de esperar las conclusiones oficiales de las investigaciones antes de emitir afirmaciones que puedan afectar a sectores productivos y a la imagen del país.
