El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Mamén Saavedra, informó que concluyó la auditoría realizada al área de Recaudaciones, específicamente al cobro de impuestos sobre bienes inmuebles, y reveló que se identificó un daño económico de Bs 570 millones producto de la manipulación irregular de tributos entre las gestiones 2021 y abril de 2026.
La autoridad explicó que la auditoría detectó más de 22.000 casos en los que los propietarios de inmuebles pagaron montos muy inferiores a los que realmente les correspondía cancelar. Según indicó, estas irregularidades permitieron reducir de manera indebida los impuestos, afectando significativamente los ingresos del municipio.
«Entre la gestión 2021 y abril del 2026 hubo más de 22 mil casos de manipulación de impuestos que se rebajaron de manera irregular. Por ejemplo, una casa que tenía que pagar Bs 3.000 de impuestos solo pagó Bs 100. Así como este, hay miles de casos que suman más de Bs 570 millones», explicó Saavedra en un mensaje difundido a través de redes sociales.
El alcalde sostuvo que los recursos que dejaron de ingresar a las arcas municipales habrían permitido ejecutar importantes obras para la ciudad, como la construcción de más de 50 módulos educativos o alrededor de 25 hospitales de segundo nivel durante los últimos cinco años.
Ante esta situación, Saavedra anunció un periodo de regularización voluntaria que se extenderá desde el 29 de julio hasta el 31 de agosto. Durante esos 34 días, los contribuyentes que se beneficiaron con la reducción irregular de sus impuestos podrán presentarse ante la Alcaldía para cancelar la diferencia correspondiente y normalizar su situación tributaria.
Como ejemplo, explicó que un propietario que debía pagar Bs 3.000 y únicamente canceló Bs 100 deberá cubrir la diferencia de Bs 2.900. Precisó además que, durante este periodo, el municipio no cobrará multas ni intereses sobre el monto adeudado y que incluso se habilitarán planes de pago para facilitar la regularización.
La autoridad también informó que, mientras dure este plazo, la Alcaldía publicará únicamente los números de registro de los 22.000 inmuebles observados, preservando la identidad de sus propietarios para que puedan acogerse al proceso voluntario.
Sin embargo, advirtió que una vez concluido el periodo de regularización, a partir del 1 de septiembre, el municipio hará públicos los datos de los contribuyentes que no hayan corregido su situación e iniciará las acciones legales correspondientes para recuperar los recursos.
Saavedra recordó que la auditoría fue iniciada en mayo por la Contraloría General del Estado (CGE), con el objetivo de investigar posibles irregularidades en el sistema de recaudaciones municipales. Asimismo, señaló que una auditoría forense detectó que al menos 170 funcionarios contaban con accesos irrestrictos que les permitían modificar datos y montos de los pagos tributarios. Indicó que varios de ellos ya fueron desvinculados de la institución, mientras que en otros casos se están realizando los procedimientos legales necesarios para concretar su separación, debido a que se encuentran bajo el régimen de la Ley General del Trabajo.
