El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, permanece aprehendido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), luego de haber prestado su declaración informativa ante el Ministerio Público dentro de la investigación por el denominado caso de la “gasolina basura”, un proceso que indaga presuntas irregularidades en la importación, distribución y comercialización de combustibles en el país.
Hasta el cierre de esta jornada, la Fiscalía no había emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación jurídica de la exautoridad ni confirmó la presentación de una imputación formal, por lo que aún se espera conocer cuáles serán las siguientes actuaciones procesales y si Medinaceli será puesto a disposición de un juez cautelar para la definición de medidas cautelares.
La aprehensión fue ejecutada este martes en cumplimiento de una orden fiscal emitida el pasado 27 de julio. De acuerdo con el documento, el exministro es investigado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, dentro de una investigación que busca establecer responsabilidades por supuestas irregularidades relacionadas con el manejo de combustibles durante su gestión.
Tras comparecer ante el Ministerio Público para brindar su declaración, Medinaceli abandonó las oficinas de la Fiscalía bajo custodia policial y fue trasladado directamente a instalaciones de la Felcc. Durante su salida del edificio evitó realizar declaraciones a los medios de comunicación y no respondió a las consultas sobre los motivos de su aprehensión ni sobre las acusaciones que pesan en su contra.
Mientras tanto, las autoridades judiciales no confirmaron oficialmente la fecha en la que el exministro será presentado ante un juez cautelar, instancia en la que se definirá su situación legal mientras continúan las investigaciones.
El caso cobró mayor fuerza un día después de que la comisión especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), conformada para investigar las denuncias relacionadas con la denominada “gasolina basura”, presentara su informe final. En dicho documento se atribuye a Medinaceli la presunta decisión de autorizar la distribución de combustible sin que este hubiera cumplido previamente con los controles de calidad exigidos por la normativa vigente, situación que habría generado riesgos para los consumidores y posibles daños económicos al Estado.
Según el informe legislativo, las presuntas irregularidades se habrían registrado entre octubre de 2025 y enero de 2026, un periodo que comprende dos gestiones de Gobierno y coincide con las administraciones de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dirigidas por Armin Dorgathen y, posteriormente, por Yussef Akly.
