El teniente coronel de la Policía Boliviana Erick Correa, quien participó en el operativo de captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, realizado el pasado 13 de marzo en Santa Cruz, denunció que es víctima de una presunta persecución y afirmó que actualmente se encuentra en la clandestinidad tras conocer que existe una orden de aprehensión en su contra.
“Pienso que es una consigna tenernos silenciados, encarcelándonos o incluso tal vez ir más allá”, manifestó el jefe policial en una entrevista con Correo del Sur, en la que expresó su preocupación por las acciones que se siguen en su contra después de su participación en uno de los operativos policiales de mayor repercusión en el país.
Correa aseguró que rechaza las acusaciones que lo vinculan con presuntas irregularidades cometidas durante la intervención en el inmueble donde se encontraba Marset. En ese sentido, sostuvo que está dispuesto a entregar toda la documentación y los registros que conserva para demostrar cuál fue su participación y descartar cualquier vinculación con la supuesta sustracción irregular de bienes de la vivienda.
Entre los elementos que ofreció presentar se encuentran su teléfono celular original, fotografías, videos, conversaciones de chat e informes relacionados con el procedimiento. Según explicó, este material permitiría reconstruir las actuaciones que realizó durante la intervención y establecer qué ocurrió antes, durante y después de la captura del narcotraficante uruguayo.
El oficial señaló que su situación cambió después de que se difundieran imágenes y videos relacionados con el operativo. Desde su perspectiva, las actuaciones posteriores y la orden de aprehensión en su contra forman parte de una persecución que, según denunció, estaría promovida desde el Ministerio de Gobierno.
“Estoy siendo perseguido por el Ministerio de Gobierno, porque yo he sido partícipe de la captura más grande que se ha realizado en territorio boliviano, que es la captura de Sebastián Marset”, afirmó Correa al referirse a las razones por las que considera que está siendo investigado.
Asimismo, insistió en que no participó en la presunta extracción irregular de maletas u otros objetos del inmueble intervenido. “Voy a demostrar de que yo no estoy en esa extracción irregular de maletas, yo entro y salgo de ese domicilio junto con tres elementos del CEIP”, sostuvo, al explicar los movimientos que realizó durante el procedimiento.
Como parte de su defensa, el teniente coronel describió las actuaciones que encabezó durante la madrugada del 13 de marzo, cuando se ejecutó el operativo para capturar a Marset. Según su relato, después de ingresar al inmueble y cumplir con las tareas que tenía asignadas, participó en el traslado del detenido hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.
Para respaldar esa versión, mostró una fotografía registrada a las 03:11 y mencionó la existencia de otros videos que, según explicó, documentarían el traslado del narcotraficante y su llegada al hangar presidencial. El oficial considera que estos registros pueden contribuir a establecer la secuencia de los acontecimientos y verificar las funciones que desempeñó durante la operación.
Correa también aseguró que su intervención dentro de la vivienda fue breve y que permaneció en el lugar durante menos de siete minutos. Posteriormente, indicó que se trasladó al aeropuerto internacional de Viru Viru, donde permaneció hasta que el detenido fue entregado a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
El jefe policial sostuvo que los registros que conserva permitirían comprobar sus desplazamientos y determinar el momento en que dejó el inmueble. Por ello, insistió en que está dispuesto a someter su dispositivo celular a las pericias correspondientes para que las autoridades puedan verificar la información almacenada y contrastarla con otros elementos de la investigación.
Uno de los puntos centrales de su declaración está relacionado con los efectivos policiales que permanecieron en la vivienda después de que Marset fuera retirado del lugar. Correa afirmó que 17 uniformados se quedaron en el inmueble durante aproximadamente una hora y que ese grupo estaba bajo el mando del capitán Guillermo Ruiz Guzmán.
A partir de ese señalamiento, el oficial planteó la necesidad de esclarecer las actuaciones de todos los funcionarios que participaron en el procedimiento, especialmente de aquellos que continuaron dentro de la propiedad una vez que el narcotraficante había sido evacuado. Su versión busca diferenciar las tareas que, según afirma, estuvieron bajo su responsabilidad de las acciones realizadas posteriormente por otros efectivos.
El teniente coronel también explicó que durante el operativo reportó sus actuaciones al entonces director nacional de Inteligencia de la Policía, el coronel Óscar Fernando Moreno, a quien identificó como su superior dentro de la coordinación operacional.
De acuerdo con Correa, Moreno le pidió que se pronuncie sobre las funciones asignadas a cada efectivo y que aporte la información que tuviera sobre el procedimiento. El oficial considera que los reportes y registros relacionados con esa coordinación pueden ayudar a esclarecer las responsabilidades individuales y reconstruir el desarrollo de la intervención.
Pese a denunciar una presunta persecución y cuestionar las acciones emprendidas en su contra, Correa aseguró que no pretende eludir las investigaciones. Por el contrario, manifestó que está dispuesto a colaborar con las autoridades y proporcionar las pruebas que considera necesarias para demostrar su versión de los hechos.
No obstante, condicionó la entrega de su dispositivo celular original a que se le garanticen las condiciones necesarias para presentar sus pruebas, ejercer su derecho a la defensa y resguardar su integridad personal. El oficial insistió en que el análisis técnico de ese equipo podría aportar información relevante para determinar su participación en el operativo y esclarecer las denuncias relacionadas con la presunta sustracción de bienes.
