A una semana de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención estatal al combustible para los grandes consumidores, crece el rechazo de distintos sectores productivos y del transporte. Organizaciones de productores, campesinos, cañeros, arroceros y transportistas cuestionan la medida y advierten con asumir movilizaciones si el Gobierno no determina su abrogación.
La norma, vigente desde el 16 de agosto, establece cambios en el régimen de subvención de los carburantes para determinados grandes consumidores, situación que, según los sectores afectados, tendrá un impacto directo en los costos de producción y transporte, además de generar un incremento en el precio final de distintos productos de la canasta familiar.
PROVINCIAS DEL NORTE CRUCEÑO DAN 48 HORAS AL GOBIERNO
Este domingo, representantes campesinos de las provincias Warnes, Obispo Santisteban, Sara e Ichilo, que conforman las cuatro provincias del norte cruceño, sostuvieron una reunión en la que analizaron los efectos del Decreto Supremo 5676 y determinaron dar un plazo de 48 horas al Gobierno para que deje sin efecto la disposición.
A través de un documento suscrito por representantes de las cuatro provincias, el sector exigió la abrogación inmediata de la norma al considerar que atenta contra el sector agroproductivo y la economía del país.
“Exigimos la abrogación inmediata del Decreto Supremo 5676, en un plazo de 48 horas, por atentar contra el sector agroproductivo y la economía de Bolivia”, señala parte del pronunciamiento.
Los productores advirtieron que, si el Gobierno no atiende su demanda dentro del plazo establecido, las organizaciones podrían definir nuevas acciones para ejercer presión y lograr la eliminación del decreto.
PRODUCTORES DE SAN JUAN TAMBIÉN EXIGEN LA ABROGACIÓN
En la misma jornada, productores del municipio de San Juan protagonizaron una marcha que llegó hasta la localidad de Santa Fe. Durante la movilización, los productores expresaron su rechazo a la eliminación de la subvención para grandes consumidores y dieron al Gobierno un plazo de 24 horas para anular el Decreto Supremo 5676.
La protesta se suma a las diferentes manifestaciones que se vienen registrando en el departamento de Santa Cruz, donde el sector productivo reclama medidas que permitan garantizar el abastecimiento de combustible y evitar un incremento de los costos durante las actividades agrícolas.
CAO CALIFICA EL DECRETO COMO IMPROVISADO Y DISCRIMINADOR
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) también mantiene una posición crítica frente al Decreto Supremo 5676. El 17 de agosto, la organización calificó la medida como improvisada y discriminadora, además de cuestionar la versión del Gobierno respecto a que la disposición habría sido previamente socializada con los sectores involucrados.
Klaus Frerking, presidente de la CAO, sostuvo que, si la norma hubiera sido realmente socializada con el aparato productivo nacional, no existiría el nivel de rechazo que actualmente se registra.
“Si hubiera sido socializado, no tuviera a todo el aparato productivo nacional señalando que este decreto no es la solución”, afirmó Frerking.
El dirigente advirtió que la eliminación de la subvención para grandes consumidores provocará un incremento en los costos de producción, situación que podría terminar repercutiendo en los precios de los productos que llegan a los mercados y forman parte de la canasta familiar.
Ante este escenario, la CAO convocó a un congreso para este jueves, donde se analizará la situación del sector y se definirán posibles acciones. La organización mantiene como una de sus principales demandas la abrogación del Decreto Supremo 5676.
Frerking insistió además en la necesidad de impulsar alternativas para garantizar el abastecimiento de combustibles, entre ellas el desarrollo de los biocombustibles, y pidió al Gobierno otorgar certidumbre a los productores.
“Hay que abrogar el Decreto 5676. Tenemos que impulsar los biocombustibles. Tenemos que darle certidumbre al productor. Esto no puede continuar”, manifestó.
El presidente de la CAO también alertó sobre retrasos en las labores productivas debido a las dificultades para acceder al combustible necesario para las actividades agrícolas.
CONFEAGRO SE SUMA AL RECHAZO
La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), organización que agrupa a productores de los nueve departamentos del país, también expresó su rechazo al Decreto Supremo 5676.
En un comunicado, la organización señaló que el incremento del precio del diésel continúa afectando al sector agropecuario y cuestionó que, hasta el momento, no se hayan implementado medidas suficientes para compensar o mitigar los efectos económicos de estas decisiones.
“Hasta hoy las medidas adoptadas como el incremento del precio del diésel siguen golpeando a nuestro sector y, en contrapartida, no recibimos nada para mitigar estos efectos que pueden ocasionar que la producción disminuya”, señala el pronunciamiento.
Confeagro considera que el incremento de los costos de producción, sumado a las dificultades para acceder al combustible, podría generar consecuencias sobre el volumen de producción y, posteriormente, sobre el abastecimiento de los mercados nacionales.
CHOFERES SE DECLARAN EN ESTADO DE EMERGENCIA
Al rechazo de los productores se sumó el sector del transporte. El 18 de agosto, Lucio Gómez, ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, informó que los transportistas se declararon en estado de emergencia ante el incremento de los costos y las dificultades para conseguir combustible en los surtidores.
Gómez anunció la convocatoria a un ampliado nacional, instancia en la que los transportistas analizarán la situación y definirán las medidas que podrían asumir.
“Se va a convocar a un ampliado nacional. Las medidas de presión vienen”, advirtió el dirigente.
El sector cuestiona tanto el Decreto Supremo 5676 como los problemas de abastecimiento de combustible que se registran en distintas regiones del país. Los transportistas sostienen que el diésel constituye un insumo fundamental para desarrollar sus actividades y que cualquier incremento en su costo tiene un efecto directo sobre la estructura económica del transporte.
Gómez explicó que la actividad del transporte no solo mueve la economía nacional, sino que también representa la principal fuente de ingresos para miles de trabajadores que tienen compromisos financieros y requieren mantener sus vehículos en funcionamiento para generar recursos y cumplir con sus obligaciones.
ARROCEROS PIDEN LA ABROGACIÓN Y NO DESCARTAN PROTESTAS
Los productores arroceros también se sumaron al pedido de abrogación del Decreto Supremo 5676 y señalaron que no existe igualdad en el tratamiento otorgado a los consumidores de combustible.
David Pérez, productor arrocero del departamento del Beni, manifestó que el sector exigirá que la norma sea anulada y cuestionó que existan diferentes condiciones para acceder a los carburantes.
“Vamos a pedir la abrogación, no podemos tener unos bolivianos que tengan un beneficio y otros otro beneficio, no es correcto”, sostuvo.
Pérez señaló que los productores conocen las restricciones establecidas por el estado de excepción, pero aclaró que las decisiones finales dependerán de las determinaciones que adopten las bases del sector.
CAÑEROS ADVIERTEN UNA “EMERGENCIA CRÍTICA”
Los productores cañeros también expresaron su preocupación por los efectos del Decreto Supremo 5676. Alcides Córdova, presidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), calificó la disposición como “discriminatoria” y aseguró que el sector atraviesa una situación económica crítica.
Según Córdova, los productores enfrentan problemas de liquidez y un incremento sostenido de los costos de producción, situación que se agravaría con las nuevas condiciones para acceder al combustible.
El dirigente afirmó que el sector mantiene una deuda pendiente por más de 400 millones de bolivianos relacionada con el retiro de etanol y cuestionó que los productores no hayan recibido los pagos correspondientes.
“Son más de 400 millones de bolivianos que se le debe al sector por el poco retiro del etanol que llevan, no nos han pagado nada, nos tienen sin liquidez, y nos desayunamos con un decreto que atenta contra el sector”, afirmó Córdova.
El representante de los cañeros considera que la falta de liquidez, sumada al encarecimiento de los insumos y las dificultades para acceder a combustible, coloca al sector en una situación de “emergencia crítica”.
CAMPESINOS DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA TAMBIÉN RECHAZAN LA MEDIDA
A las organizaciones productivas de Santa Cruz y otros sectores del país se sumaron este domingo los campesinos del trópico de Cochabamba, afines al expresidente Evo Morales.
Este sector manifestó su rechazo al Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención del combustible para grandes consumidores, y también cuestionó el Decreto Supremo 5652, mediante el cual se congelan los precios de los combustibles hasta enero de 2027.
De esta manera, el rechazo a las disposiciones relacionadas con el precio y la subvención de los carburantes se extiende a diferentes sectores y regiones del país.
Mientras las organizaciones productivas exigen la abrogación del Decreto Supremo 5676 y algunas ya establecieron plazos de 24 y 48 horas al Gobierno, crece la posibilidad de que se definan movilizaciones y otras medidas de presión si sus demandas no son atendidas.
Los sectores aseguran que las nuevas condiciones para la adquisición de combustible tendrán un impacto directo sobre la producción, el transporte y el precio de los alimentos, por lo que demandan al Gobierno revisar la normativa y establecer mecanismos que garanticen condiciones adecuadas para mantener las actividades productivas.
