La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó este domingo su respaldo a las recientes medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis económica y avanzar hacia la estabilización, aunque manifestó su preocupación por los efectos que el proceso de ajuste podría generar sobre las empresas, el empleo, la producción y las condiciones de vida de las familias bolivianas.
A través de un comunicado, la organización empresarial destacó la importancia de las medidas implementadas por la administración nacional y consideró que varias de ellas son necesarias para corregir desequilibrios económicos acumulados durante los últimos años. Sin embargo, advirtió que el proceso de ajuste podría derivar en una etapa de contracción si no se adoptan de manera paralela medidas destinadas a proteger la actividad productiva y estimular la inversión.
“La CEPB considera que el ajuste económico no puede traducirse en un incremento de la pobreza ni en un deterioro mayor de las condiciones de vida de las familias bolivianas”, señala el pronunciamiento.
Entre las medidas valoradas por el empresariado se encuentra la Ley N° 1765, relacionada con el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según la CEPB, esta norma permite viabilizar un programa de reformas orientado a recuperar la estabilidad económica y financiera del país, además de generar oportunidades para fortalecer la capacidad del Estado y acceder a mecanismos de estabilización con respaldo internacional.
La organización empresarial considera que el acuerdo también puede contribuir al diseño de estrategias de desarrollo a mediano plazo, así como acompañar un proceso de recuperación institucional y crecimiento económico.
Otro de los puntos respaldados por la CEPB es el Decreto Supremo N° 5716, mediante el cual el Gobierno eliminó la subvención al diésel y estableció nuevos mecanismos para la determinación de los precios de los carburantes.
El empresariado considera que esta medida puede contribuir a transparentar la estructura de precios de los combustibles, reducir distorsiones existentes, enfrentar el contrabando y generar condiciones para garantizar el abastecimiento de carburantes en el mercado nacional.
La CEPB también destacó las medidas de apoyo social anunciadas por el Gobierno para reducir el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables. En este grupo incluyó el fortalecimiento de bonos sociales y programas de empleo destinados a mitigar los efectos de la transición económica.
Asimismo, valoró las acciones orientadas a aliviar la situación de las empresas mediante cambios en la política cambiaria, reducción de aranceles de importación, facilidades para las exportaciones, créditos productivos y mecanismos de alivio tributario.
En materia de seguridad y circulación, la CEPB respaldó también el Decreto Supremo N° 5707, cuyo objetivo es preservar el orden público, garantizar la libre circulación y evitar que los bloqueos de carreteras y otras medidas de presión vuelvan a provocar afectaciones a la economía, la producción y el abastecimiento de productos.
Pese a reconocer las medidas adoptadas por el Gobierno, la CEPB expresó preocupación por los efectos que el proceso de ajuste podría tener sobre los sectores productivos, el comercio y los servicios.
La entidad empresarial advirtió sobre la posibilidad de que la economía ingrese en una etapa de contracción que afecte el crecimiento, el empleo y la capacidad de las empresas para mantener sus operaciones.
“Somos conscientes de que muchas de las medidas adoptadas son necesarias para corregir desequilibrios acumulados durante años. Sin embargo, las consecuencias del ajuste deben enfrentarse con la misma decisión con la que se están enfrentando sus causas”, señala el comunicado.
La organización puso especial énfasis en la situación de las pequeñas y medianas empresas, debido a que considera que estos sectores tienen una capacidad limitada para absorber nuevas cargas regulatorias, tributarias, financieras o salariales.
Según la CEPB, un incremento de estas obligaciones podría provocar el cierre de empresas, pérdida de fuentes laborales, reducción de inversiones y una crisis que termine afectando los propios objetivos planteados para la recuperación económica.
Por este motivo, el sector privado planteó que la estabilidad de las empresas debe convertirse en una prioridad nacional dentro de las políticas económicas que se implementen durante la etapa de transición.
La CEPB también insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de protección social para evitar que los costos del ajuste recaigan principalmente sobre las familias con menores ingresos.
La organización empresarial sostuvo que el proceso de estabilización económica debe estar acompañado por un plan integral, rápido y focalizado que permita proteger a los sectores más vulnerables, preservar las fuentes de empleo y reducir el impacto de la transición económica.
En ese sentido, remarcó que la recuperación económica no debería traducirse en un incremento de la pobreza ni en un deterioro adicional de las condiciones de vida de la población.
“Bolivia necesita pasar rápidamente de la estabilización a la recuperación y del ajuste al crecimiento”, afirmó la CEPB.
Como parte de sus propuestas, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia pidió al Gobierno y a la Asamblea Legislativa priorizar durante lo que resta de la gestión 2026 la aprobación de reformas destinadas a generar mejores condiciones para la inversión nacional y extranjera.
Entre las normas mencionadas se encuentran las leyes de Inversiones, Minería e Hidrocarburos, además de modificaciones puntuales al Código de Comercio y al Código Tributario.
La CEPB planteó que estas reformas deben estar sustentadas en principios de claridad, eficiencia, seguridad jurídica y estabilidad de las reglas.
Según el sector empresarial, Bolivia necesita contar con un marco normativo que permita atraer capital nacional y extranjero, garantizar los derechos adquiridos, reducir la incertidumbre y desarrollar sectores estratégicos capaces de generar divisas, producción, empleo y mayores ingresos para el Estado.
La entidad pidió además que las modificaciones legislativas se concentren en objetivos concretos y eviten procesos excesivamente prolongados o sujetos a incertidumbre política.
En este contexto, demandó una mayor coordinación entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo para que las decisiones destinadas a enfrentar la crisis económica tengan prioridad sobre intereses coyunturales.
“Para ello, el Ejecutivo y el Legislativo deben fortalecer la coordinación y priorizar las soluciones a la crisis por encima de intereses coyunturales”, remarcó la CEPB.
En la parte final de su pronunciamiento, la organización empresarial sostuvo que Bolivia se encuentra todavía en una etapa inicial del proceso de recuperación y advirtió que el camino para superar la crisis será largo y complejo.
La CEPB manifestó su rechazo a un eventual retorno de los bloqueos de carreteras y pidió evitar que el malestar social sea utilizado para generar confrontación política, inestabilidad económica y conflictos que afecten la convivencia democrática.
“Bolivia está apenas en el inicio de la ruta hacia la recuperación. Es un camino largo y difícil, pero debemos seguir adelante”, señala el comunicado.
