Tras la aprobación del Decreto Supremo (DS) 5750, que establece una actualización de la metodología para ajustar los precios y las tarifas máximas de electricidad en Bolivia, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró este miércoles que la nueva disposición no implica un incremento en el costo de la energía eléctrica, sino que busca evitar variaciones bruscas en las tarifas que pagan los usuarios.
Durante una conferencia de prensa, Gálvez explicó que el objetivo central de la normativa es proteger a la población frente a posibles fluctuaciones económicas que puedan repercutir en el sistema eléctrico. En ese sentido, sostuvo que la medida pretende establecer un mecanismo de cálculo que permita distribuir los efectos de esas variaciones a lo largo del tiempo, evitando que se traduzcan en incrementos abruptos en las tarifas.
“¿De qué se trata el decreto? Se trata de proteger a la población en general y que las tarifas no suban de manera abrupta”, manifestó el vocero presidencial al referirse al alcance de la disposición gubernamental.
La autoridad también señaló que los criterios y las variables vinculadas con la determinación de las tarifas eléctricas se encuentran sujetos a revisiones periódicas desde hace aproximadamente 25 años. Entre los factores considerados mencionó el tipo de cambio, cuya evolución incide en los cálculos económicos utilizados para establecer los costos del sector.
Según Gálvez, anteriormente la normativa contemplaba que el ajuste de la tarifa se realizara tomando como referencia el tipo de cambio registrado cada día 25 del mes. Sin embargo, con la entrada en vigencia del nuevo decreto, se determinó utilizar un promedio de las variaciones registradas durante todo el mes, con el propósito de reducir el impacto de las fluctuaciones cambiarias sobre el cálculo tarifario.
“Este método es para que no haya variaciones y no suba abruptamente la tarifa eléctrica”, afirmó el vocero, al defender la modificación del mecanismo de actualización.
El Decreto Supremo 5750 modifica el mecanismo de actualización de los precios y las tarifas máximas de electricidad para adecuarlo a las variaciones del tipo de cambio del dólar estadounidense. La disposición introduce cambios en las reglas utilizadas para calcular los costos del sector eléctrico y establece una metodología estandarizada para reflejar la evolución de las variables económicas que intervienen en la prestación del servicio.
Entre las disposiciones modificadas se encuentran aspectos del Reglamento de Precios y Tarifas, aprobado mediante el Decreto Supremo 26094 y sus posteriores modificaciones, además del Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico.
La nueva normativa incorpora ecuaciones matemáticas destinadas a recalcular periódicamente diferentes componentes del sistema eléctrico. Entre ellos figuran los precios de nodo, correspondientes a puntos específicos de conexión dentro de la red eléctrica; los peajes de transmisión; los costos de inversión y operación, así como las tarifas base de distribución.
Estos componentes forman parte de los parámetros económicos que intervienen en la estructura tarifaria del sector. Por ello, la actualización de su metodología busca establecer criterios uniformes para incorporar las variaciones económicas en los cálculos correspondientes.
