El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, confirmó que existen amenazas contra la familia del presidente Rodrigo Paz y señaló que el caso se encuentra bajo investigación. Sin embargo, evitó brindar detalles sobre las pesquisas y explicó que esperará contar con evidencias concretas antes de proporcionar información pública sobre la situación.
“Hay una serie de amenazas contra la familia presidencial”, manifestó Oviedo al referirse a las advertencias denunciadas por el mandatario, quien vinculó los posibles riesgos para sus familiares con las decisiones asumidas por su Gobierno contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y otras organizaciones criminales.
La autoridad sostuvo que las investigaciones continúan y remarcó que cualquier información oficial será comunicada cuando existan resultados verificables que permitan respaldar las declaraciones. En ese sentido, explicó que mantiene una política de comunicación basada en la presentación de datos concretos y evidencias obtenidas durante los procedimientos investigativos.
“Yo tengo una política comunicacional: solo doy información a los medios de comunicación cuando tenemos resultados”, expresó el ministro. Asimismo, insistió en que no adelantará detalles mientras no existan elementos suficientes para sustentar públicamente la información relacionada con el caso.
“Yo no quiero decir nada hasta que tengamos evidencias serias que podamos transmitir, yo no respondo a mensajes de redes sociales”, agregó Oviedo, al justificar su decisión de mantener reserva sobre los avances de las investigaciones hasta contar con información debidamente respaldada.
Las declaraciones del ministro se producen después de que el presidente Rodrigo Paz advirtiera, este lunes, sobre los riesgos que enfrentaría su entorno familiar debido a las medidas adoptadas contra estructuras delictivas. El mandatario hizo referencia a esta situación durante el acto de promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales.
En esa oportunidad, Paz relacionó las amenazas con las acciones emprendidas contra Sebastián Marset y otros grupos criminales, y expresó su preocupación por las posibles represalias que podrían derivarse de las decisiones asumidas por el Estado en la lucha contra el crimen organizado.
Durante el mismo acto, el jefe de Estado también dirigió su advertencia a los operadores de justicia, especialmente a quienes desempeñan sus funciones en regiones fronterizas y zonas alejadas, donde pueden estar expuestos a presiones o intimidaciones vinculadas con organizaciones delictivas.
Paz sostuvo que las amenazas del crimen organizado no deben condicionar las decisiones judiciales en Bolivia y pidió que los administradores de justicia puedan ejercer sus funciones con independencia, libertad y las garantías de protección necesarias para cumplir con sus responsabilidades.
