Este miércoles, el Gabinete del gobierno boliviano aprobó y promulgó el decreto 5265, que establece un estipendio económico para los policías que se movilicen para restaurar el orden público, específicamente aquellos que participen en el desbloqueo de carreteras. Esta medida, que responde a la creciente tensión por los bloqueos en Cochabamba y otras regiones, ha generado un notable descontento dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA).
El decreto, denominado “Reconocimiento Económico al Esfuerzo”, será implementado en la gestión 2024 y busca compensar a los servidores públicos de la Policía Boliviana que desempeñen su labor en situaciones de riesgo para su vida e integridad física. Esto se enmarca dentro del plan de operaciones del comando departamental de La Paz, que ha movilizado un gran contingente de 5.000 policías hacia Cochabamba, mientras que otros 800 efectivos de Santa Cruz se han dirigido a la capital del Valle.
En un mensaje emitido por el presidente Luis Arce al final de la jornada, el mandatario advirtió que haría uso de sus prerrogativas legales para levantar los bloqueos, responsabilizando a Evo Morales y sus seguidores por los hechos de violencia que han tenido lugar, así como por los 70 policías heridos hasta el momento, que resultaron de los intentos de desbloqueo en Parotani y Mairana.
La disposición transitoria del decreto establece que el Ministerio de Gobierno deberá aprobar la reglamentación correspondiente en un plazo de diez días hábiles, lo que permitirá la correcta implementación del reconocimiento económico. Sin embargo, la decisión de otorgar este estipendio ha generado malestar en las FFAA, que serán convocadas a participar en las operaciones de desbloqueo, pero aparentemente sin recibir la misma compensación que se otorgará a los policías.
El decreto enfatiza el reconocimiento de la labor de la Policía Boliviana en la prevención y conservación del orden público, destacando su compromiso y lealtad hacia la nación y la institución. En su justificación, se argumenta que es esencial proporcionar una compensación económica a quienes enfrentan situaciones que amenazan su vida, como parte de un esfuerzo por salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de la sociedad en su conjunto.
La situación en Bolivia sigue siendo tensa y compleja, con un panorama de conflictos que se agravan cada día. La implementación del decreto y la respuesta de las diferentes fuerzas del orden podrían tener un impacto significativo en la forma en que se manejan las protestas y los bloqueos en las próximas semanas. La presión sobre el gobierno y las fuerzas de seguridad se incrementa, y se esperan reacciones tanto de los sectores de oposición como de las bases de apoyo a Morales, que continúan luchando por sus demandas.
