En un acto clave para el panorama político boliviano, Andrónico Rodríguez, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y titular de la Cámara de Senadores, informó la aprobación y promulgación de la Ley 075, destinada al cese de funciones de magistrados cuya gestión había sido prorrogada desde el 2 de enero de este año. Este paso ha generado fuertes debates dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), enfrentando al ala «evista» con el sector «arcista».
La promulgación se realizó aprovechando la ausencia del presidente Luis Arce, quien se encuentra de viaje. En su lugar, el vicepresidente David Choquehuanca asumió la Presidencia del Estado, dejando a Rodríguez como máxima autoridad en la ALP. Esta situación habilitó al senador para sancionar y promulgar la ley, marcando un momento decisivo dentro de la dinámica legislativa.
El martes por la tarde, cerca de las 18:00, Rodríguez, acompañado por los jefes de bancada, firmó y promulgó la normativa frente a los medios de comunicación. En su declaración, subrayó la importancia de este acto como una medida para restablecer el orden constitucional:
«Nos encontramos en un momento muy importante. Esta promulgación es cumplir con la Constitución Política del Estado y el pueblo. Habíamos advertido desde el 2023 que, si los magistrados continuaban con una simple declaración constitucional, entraríamos en una crisis».
Rodríguez criticó la Declaración Constitucional 0049, que había permitido la prórroga de los magistrados hasta la posesión de nuevas autoridades judiciales. Según él, esta medida era inconsistente con la Constitución, que establece los límites y mandatos de las autoridades judiciales.
El senador afirmó:
«La Constitución nos indica que debemos trabajar en el marco de cooperación y no de imposición. No podemos permitir que un simple abogado defina el destino de las instituciones y normas».
Rodríguez también justificó la decisión como parte del mandato popular expresado en las urnas y explicó que la ALP estaba actuando conforme a los artículos 183, 188, 194 y 200 de la Constitución Política del Estado. Además, con esta ley, se dejó sin efecto el numeral 4 de la Sentencia Constitucional 0049.
La prórroga de los magistrados había sido ampliamente criticada, especialmente por el sector «evista» del MAS, que incluso inició bloqueos de carreteras en demanda de elecciones judiciales y la renuncia de las autoridades prorrogadas. Estos comicios, necesarios para renovar a las autoridades judiciales, están programados para el 15 de diciembre de este año.
Cabe recordar que, en enero de 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el Auto Constitucional 034/2024, que ordenaba a la ALP tratar con prioridad el proyecto de Ley Transitoria 144 para las elecciones judiciales. Sin embargo, la promulgación de la Ley 075 marca un giro inesperado en esta disputa.
En el mismo acto, Rodríguez también aprobó un crédito destinado a la construcción de un tramo carretero, destacando que el desarrollo económico y social del país no debe detenerse a pesar de las tensiones políticas.
La promulgación de la Ley 075 abre un nuevo capítulo en la dinámica institucional de Bolivia. Si bien Rodríguez asegura que su decisión respeta el marco constitucional, queda por ver cómo reaccionarán el Tribunal Constitucional, los sectores opositores y las diferentes facciones dentro del MAS. Este movimiento también podría redefinir el balance de poder dentro de la política boliviana en los meses venideros.
