El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, presentó una propuesta a los alcaldes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) para modificar la Ley Departamental 300, que regula la Alimentación Complementaria Escolar, como parte de un plan para garantizar la sostenibilidad del desayuno escolar en el departamento. Además, Aguilera manifestó su compromiso de gestionar un fideicomiso ante el Gobierno central para cumplir con esta obligación de manera inmediata.
En una reunión con los alcaldes, Aguilera explicó que los fondos destinados al desayuno escolar provienen de las regalías departamentales, cuyos ingresos han disminuido significativamente debido a la caída en la actividad petrolera. Ante esta situación, propuso un proyecto de ley modificatoria que permita ampliar las fuentes de financiamiento para este programa, e instó a los alcaldes a respaldar esta iniciativa para lograr su aprobación en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).
“Propongo que modifiquemos esa ley departamental, la subamos a la ALD para que se amplíe la fuente de pago del desayuno escolar. La solución a corto plazo es modificando la ley. Les pido a los alcaldes y sus concejos que apoyen esta modificación, porque son nuestros asambleístas quienes deben dar luz verde en la ALD para ajustar la norma”, señaló Aguilera.
Además de la modificación legislativa, Aguilera planteó como segunda medida solicitar un fideicomiso al Gobierno central para contar con recursos inmediatos y cumplir con el pago pendiente del desayuno escolar. “La segunda acción es gestionar un fideicomiso al Gobierno para honrar este compromiso lo más antes posible”, afirmó.
Por su parte, Juan Carlos Valle, presidente de Amdecruz, destacó el compromiso asumido por Aguilera y expresó su esperanza de que la modificación a la Ley 300 se concrete lo más pronto posible. Asimismo, hizo un llamado a los asambleístas provinciales para que garanticen el tratamiento y la aprobación de esta modificación. Este cambio no solo aseguraría los fondos para el desayuno escolar, sino también permitiría destinar recursos para saldar las deudas que los municipios mantienen con los proveedores.
