Una comisión conjunta de fiscales y efectivos policiales llevó a cabo la tarde de este martes un operativo de allanamiento en un galpón perteneciente al dirigente panificador Rubén Ríos, ubicado en la ciudad de El Alto. La intervención se realizó en el marco de una investigación que indaga presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
El fiscal Ronald Jurado informó que uno de los elementos bajo análisis es un contrato mediante el cual la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) pagaba 19.000 bolivianos mensuales por el uso de dicho galpón. Este documento forma parte del conjunto de indicios que motivaron el operativo.
El allanamiento tuvo lugar en la zona de Chijini, donde los policías enfrentaron dificultades para ingresar al inmueble. Pese a utilizar combos, patas de cabra y otras herramientas para habilitar la entrada, no lograron abrir la puerta principal, lo que los obligó a trepar por las paredes para acceder al interior y abrir el galpón desde adentro.
El operativo fue autorizado por el Juzgado Undécimo de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia de La Paz, tras una denuncia presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Según la Fiscalía, existen documentos que señalan que Ríos alquilaba este espacio a Emapa para el almacenamiento de harina subvencionada destinada a los productores de pan.
Durante la intervención, el fiscal del caso confirmó que se halló documentación perteneciente a Emapa correspondiente al periodo en que el galpón era arrendado por Ríos. Además, se registró la presencia de un vehículo y de una caja fuerte dentro de las instalaciones, elementos que también serán sometidos a revisión.
Rubén Ríos fue trasladado la tarde del martes ante el fiscal para brindar su declaración informativa; sin embargo, optó por acogerse a su derecho al silencio. A su salida, declaró brevemente ante los medios asegurando que es inocente de las acusaciones.
Más temprano, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Mario Justiniano, anunció la presentación de un proceso formal contra Ríos por presuntas irregularidades en el manejo de harina subvencionada. Según la autoridad, dichas anomalías habrían ocasionado un daño económico estimado en al menos 5 millones de bolivianos.
