La Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa tenía previsto iniciar este martes el tratamiento del proyecto de ley que propone modificar la Ley 1352, referida a la permanencia obligatoria en el Estado de las exautoridades del nivel central y de las entidades territoriales autónomas. Sin embargo, la reunión fue postergada, debido a la necesidad de consensuar aspectos clave del alcance y los plazos que contempla la iniciativa.
El proyecto plantea ampliar el tiempo de permanencia obligatoria en el país para todas las autoridades que hayan hecho dejación del cargo, elevando el plazo actual de tres meses a seis meses o incluso a un año. Al respecto, el diputado Ricardo Rada Zeballos, de la bancada del PDC, explicó que aún existen diferencias de criterio entre los legisladores.
“Tenemos que ponernos de acuerdo en eso, unos dicen seis meses, otros están sugiriendo un año, hay que hacer las consultas sobre el alcance legal de las disposiciones y eso es lo que tenemos que debatir”, señaló el parlamentario, justificando la postergación del tratamiento del proyecto.
La Ley 1352, denominada “Ley de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas”, fue promulgada en agosto de 2020 por la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, luego de que la expresidenta Jeanine Áñez se negara a firmarla. Posteriormente, tras la victoria electoral de Luis Arce, la norma fue publicada oficialmente el 20 de diciembre de 2020 y comenzó a aplicarse contra exautoridades del Estado.
La normativa vigente establece que todas las exautoridades deben permanecer en territorio nacional por un máximo de tres meses tras dejar el cargo, con el objetivo de garantizar una transición responsable y permitir que rindan informes o respondan a requerimientos sobre su gestión, en caso de ser necesario. La ley alcanza a expresidentes, vicepresidentes, ministros, asambleístas, gobernadores, alcaldes y concejales.
Ahora, desde el oficialismo se impulsa la ampliación de este plazo a seis meses o un año, una propuesta que deberá ser debatida y definida en la Comisión de Justicia Plural. Pese a la postergación, la directiva de esta instancia legislativa decidió reprogramar la sesión para el miércoles, manteniendo la misma agenda.
Otro de los puntos centrales del proyecto de ley, explicó el diputado Rada, está relacionado con el endurecimiento de las sanciones para delitos de corrupción. La propuesta plantea que aquellas personas que sean encontradas culpables de corrupción pública sean sancionadas con una pena de hasta 30 años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, lo que les impediría volver a ser autoridades electas o designadas en el futuro.
