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JUSTICIA DISPONE 90 DÍAS DE DETENCIÓN PREVENTIVA PARA EXGERENTE DE YPFB INVESTIGADA POR USURPACIÓN DE FUNCIONES

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La Justicia determinó este miércoles la detención preventiva por un lapso de 90 días para Gabriela Delgadillo, exgerente de Productos Industrializados y Derivados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tras la realización de su audiencia de medidas cautelares, instalada durante la tarde, según el informe.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la exejecutiva fue aprehendida durante el feriado de Carnaval y actualmente es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. La audiencia cautelar se instaló aproximadamente a las 15:30 y estuvo marcada por una serie de incidentes planteados previamente por la defensa legal de Delgadillo.

Antes de que se ingrese al análisis de las medidas cautelares, los abogados defensores presentaron dos incidentes en los que cuestionaron la legalidad de la aprehensión, señalando que esta se habría ejecutado de manera irregular, motivo por el cual solicitaron que la misma sea dejada sin efecto. No obstante, la autoridad jurisdiccional rechazó ambos recursos y resolvió continuar con el desarrollo de la audiencia.

Durante la exposición del Ministerio Público, el fiscal Daniel Ortuño sostuvo que, según los elementos recolectados en la investigación, Gabriela Delgadillo habría incurrido en usurpación de funciones al firmar documentos oficiales como vicepresidenta de la petrolera estatal, sin contar con una designación formal que la habilite para ejercer dicho cargo.

El fiscal explicó que la exejecutiva desempeñó distintos cargos dentro de YPFB, entre ellos el de gerente de Comercialización de Combustible. Sin embargo, afirmó que en el ejercicio de esas funciones habría asumido atribuciones que no le correspondían, al suscribir documentación con un cargo superior al que ostentaba oficialmente.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la autoridad judicial determinó la detención preventiva de Delgadillo por 90 días, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades penales.