El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se declaró no culpable de los cuatro delitos que le atribuye la justicia federal de Estados Unidos durante una audiencia realizada este miércoles en el Tribunal del Distrito Este de Virginia. En la misma comparecencia también se definió el cronograma procesal del caso y se determinó que el juicio será reprogramado para el 11 de enero de 2027, debido a la complejidad de la investigación y a la necesidad de coordinar la participación de testigos internacionales.
La información fue confirmada por su abogado defensor, Santiago Moratorio, quien explicó que la audiencia tuvo como objetivo controlar el avance del proceso judicial y formalizar los cargos presentados por la Fiscalía estadounidense. Durante esa instancia, Marset rechazó todas las acusaciones formuladas en su contra.
«El día de hoy se llevó a cabo la audiencia de status conference (audiencia de control de trámite) y arraignment (audiencia de formalización de cargos), en la cual mi cliente se declaró no culpable, fijándose asimismo el cronograma procesal correspondiente», señaló Moratorio.
La audiencia se desarrolló pocos días después de que la Fiscalía de Estados Unidos ampliara de manera significativa la acusación contra Marset. Inicialmente, el uruguayo era investigado únicamente por el presunto delito de conspiración para el lavado de dinero, causa abierta en 2024.
Sin embargo, el Ministerio Público estadounidense incorporó tres nuevos cargos, por lo que ahora enfrenta acusaciones por conspiración narcoterrorista, conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación bajo jurisdicción de Estados Unidos, lavado de dinero y conspiración para lavar activos.
En caso de ser hallado culpable de estos delitos, Marset podría enfrentar una condena de cadena perpetua, debido a la gravedad de los cargos imputados por la justicia estadounidense.
Durante la audiencia, el fiscal federal Anthony T. Aminoff solicitó al Tribunal del Distrito Este de Virginia que el juicio fuera aplazado hasta marzo de 2027, argumentando que el Gobierno estadounidense necesita tiempo adicional para gestionar la llegada de numerosos testigos internacionales.
Según explicó, será necesario tramitar visas para agentes policiales de Bélgica y Colombia que participaron en la investigación iniciada en 2021, además de coordinar la comparecencia de otros funcionarios extranjeros vinculados con el caso.
La defensa de Marset, representada también por el abogado estadounidense Robert Feitel, se opuso al pedido de la Fiscalía y solicitó que el juicio se desarrollara en noviembre de 2026, argumentando que un nuevo aplazamiento afectaría el derecho de su cliente a un proceso dentro de un plazo razonable.
Feitel sostuvo que, durante su trayectoria como fiscal federal, participó en investigaciones internacionales de narcotráfico sin que fuera necesario extender los plazos durante tanto tiempo.
No obstante, los fiscales insistieron en que la magnitud de la investigación y la necesidad de obtener autorizaciones gubernamentales para algunos testigos hacían imposible cumplir con un calendario más corto.
Finalmente, el juez de distrito Rossie D. Alston optó por una solución intermedia y fijó el inicio del juicio para el 11 de enero de 2027, estimando que el proceso requerirá al menos dos semanas de audiencias debido a la complejidad del caso.
El magistrado tomó en cuenta que la Fiscalía prevé presentar testigos provenientes de distintos países, así como abundante documentación que deberá ser traducida oficialmente. Entre las pruebas figuran documentos financieros, correos electrónicos, mensajes y otras comunicaciones que deberán ser analizadas durante el juicio.
Asimismo, algunos de los funcionarios llamados a declarar deberán obtener autorización expresa de sus respectivos gobiernos antes de comparecer ante el tribunal estadounidense.
De acuerdo con el expediente presentado por la Fiscalía, Sebastián Marset habría dirigido, entre 2018 y el 13 de marzo de 2026 —fecha de su captura en Santa Cruz de la Sierra—, una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína desde Bolivia, Perú y Colombia con destino a diversos países de Europa.
Según los investigadores, la estructura utilizaba aeronaves, embarcaciones y una compleja red financiera para trasladar cargamentos de droga y posteriormente ocultar las ganancias obtenidas mediante operaciones de lavado de dinero.
La acusación sostiene que parte de esos recursos económicos era canalizada a través de bancos corresponsales establecidos en Estados Unidos antes de regresar a Bolivia y Perú para financiar nuevas operaciones de narcotráfico, aspecto que sirve como fundamento para que la justicia estadounidense ejerza jurisdicción sobre el caso.
El nuevo documento judicial, elaborado por el equipo del fiscal Anthony T. Aminoff, identifica a Marset como el presunto líder del denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU), organización a la que las autoridades estadounidenses atribuyen actividades relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero y delitos considerados como narcoterrorismo bajo la legislación de ese país.
La investigación sostiene que la organización obtenía cocaína en Bolivia, Perú y Colombia para enviarla principalmente hacia Portugal, España, Países Bajos y Bélgica, utilizando puertos ubicados en Brasil, Paraguay y Uruguay como puntos estratégicos para el envío de los cargamentos.
Los fiscales aseguran que algunos embarques superaban las diez toneladas de cocaína y que la organización también recurría al uso de embarcaciones clandestinas para transportar la droga hacia distintos mercados internacionales.
La acusación también detalla un sofisticado esquema financiero destinado a ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por el narcotráfico.
Según la investigación, millones de dólares provenientes de la venta de cocaína en Europa eran transferidos mediante bancos corresponsales radicados en Estados Unidos antes de ser enviados principalmente a Bolivia y Perú, donde presuntamente eran utilizados para adquirir nuevos cargamentos de droga.
Además, la Fiscalía sostiene que Marset utilizaba criptomonedas, especialmente la moneda digital USDT (Tether), para movilizar recursos provenientes de actividades ilícitas y dificultar el rastreo de las operaciones financieras.
Esta versión coincide con declaraciones atribuidas al propio Marset, quien anteriormente reconoció, mediante una carta difundida públicamente, que posee aproximadamente cuatro millones de dólares en criptomonedas.
Con la declaración de no culpabilidad presentada durante la audiencia, el proceso judicial continuará con la etapa preparatoria hasta el 11 de enero de 2027, fecha en la que comenzará formalmente el juicio en el que la justicia estadounidense buscará demostrar la responsabilidad del presunto líder del denominado Primer Cartel Uruguayo en los cuatro delitos que le son atribuidos.
