Los servicios de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) accedieron a informes que evidencian fallos emitidos por dos jueces cautelares de Santa Cruz, quienes habrían ordenado la devolución de cuantiosos bienes a la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Estos bienes habían sido incautados tras su fuga ocurrida el 29 de julio de 2023.
Las revelaciones forman parte de un nuevo expediente que salió a la luz luego de la reciente captura de Marset, ejecutada el pasado viernes 13 en un megaoperativo en Santa Cruz. Tras su aprehensión, el acusado fue trasladado de inmediato a Estados Unidos en un avión de la DEA, donde deberá responder ante la justicia por delitos relacionados con el tráfico de drogas, confabulación y organización criminal, entre otros.
De acuerdo con los antecedentes del caso, en julio de 2023 Marset logró escapar de su residencia ubicada en el quinto anillo de la avenida Beni. Antes de huir, habría secuestrado a dos agentes de inteligencia que seguían sus movimientos. Este hecho desató un amplio operativo policial que derivó en múltiples allanamientos e incautaciones de bienes de alto valor vinculados a su red criminal.
Entre los bienes decomisados en ese entonces se encontraba una extensa propiedad de más de tres hectáreas (30.000 metros cuadrados) situada en el camino a Porongo, cerca de un ecoparque y un restaurante de la zona. El lugar contaba con lujosas instalaciones, incluyendo habitaciones modernas, piscinas y canchas deportivas. Este inmueble fue entregado en custodia a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de la Felcn como medida preventiva.
Asimismo, las autoridades incautaron una cancha de fútbol en la carretera al norte, a la altura de La Chonta, además de dos hangares y siete avionetas en la localidad de Coloradillos, en el municipio de Warnes. También fue intervenida la mansión donde residía Marset, la cual quedó bajo custodia del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), junto con más de 15 vehículos de alta gama y otros activos.
Sin embargo, informes oficiales conocidos por la Felcn, la DEA y la Fiscalía señalan que una jueza cautelar ordenó la devolución de estos bienes a la organización de Marset. Esta autoridad judicial enfrenta procesos disciplinarios y habría sido destituida por el Consejo de la Judicatura, aunque, según las investigaciones, aún no fue notificada formalmente debido a presunta protección. En tanto, el segundo juez involucrado también es objeto de procesos disciplinarios, aunque igualmente contaría con respaldo que ha evitado sanciones inmediatas.
De acuerdo con la información recabada, las resoluciones que devolvieron los bienes se habrían emitido de forma escrita y a puerta cerrada, sin la realización de audiencias, lo que contraviene los procedimientos establecidos.
El coordinador de la Fiscalía de Sustancias Controladas, Julio César Porras, aseguró que el Ministerio Público no tuvo participación en dichas devoluciones. “No devolvimos ni un alfiler”, afirmó, agregando que la Fiscalía nunca fue notificada oficialmente de estas decisiones judiciales. Pese a ello, indicó que se presentaron apelaciones en todas las instancias, dada la gravedad del caso y su carácter internacional.
Tras la reciente captura de Marset, se intensificaron nuevamente los operativos policiales con múltiples allanamientos. Como resultado, las autoridades procedieron a la reincautación de al menos cinco inmuebles que presuntamente funcionaban como casas de seguridad y centros logísticos de la organización criminal.
Además, se logró incautar un importante arsenal y diversos bienes, entre ellos armas de guerra, municiones, 10 vehículos de lujo —incluyendo cuatro blindados de última generación—, 16 avionetas, 21 armas de fuego, tres fusiles AK-47, granadas, más de 600 municiones, chalecos antibalas, más de 400 litros de combustible de aviación y paquetes de marihuana en estado húmedo.
Las autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Policía Boliviana informaron que el impacto económico de esta nueva incautación supera los 15 millones de dólares. En el marco de estos operativos, cuatro personas fueron aprehendidas y enviadas a prisión, mientras que al menos ocho ciudadanos brasileños se encuentran bajo investigación por su presunta vinculación con la red criminal.
