El diputado de Alianza Popular (AP), Rolando Pacheco, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por presuntas irregularidades relacionadas con la desaparición de objetos de valor y dinero en el marco del denominado caso Marset.
El legislador informó que la acción penal no solo alcanza al titular de Gobierno, sino también al comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, y al director nacional de Inteligencia de la institución policial, Osvaldo Fernando Moreno. Según explicó, la denuncia se sustenta en los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y organización criminal.
“En mi calidad de diputado estoy presentando una demanda penal en contra del ministro de Gobierno, el señor Marco Antonio Oviedo Huerta”, declaró Pacheco, al momento de formalizar la acusación.
El parlamentario cuestionó la actuación de la autoridad gubernamental, señalando que no estaría obrando con transparencia en torno a este caso. Además, sostuvo que existe falta de claridad en la información brindada a la población sobre el operativo y sus resultados.
“Está mintiendo a los bolivianos”, afirmó Pacheco, quien además aseguró que, a su criterio, el ingreso de droga al país no podría ocurrir sin conocimiento de las autoridades encargadas de la seguridad.
Por su parte, el abogado Marcelo Aliaga también se pronunció sobre el caso, indicando que ni el Ministerio Público ni las autoridades judiciales de Santa Cruz habrían tenido conocimiento del operativo realizado el pasado 13 de marzo, en el que se logró la captura del ciudadano uruguayo Sebastián Marset.
Aliaga cuestionó además el procedimiento posterior a la detención, señalando que Marset no habría sido sometido a un proceso de extradición, sino que habría sido expulsado del país.
“Lo han expulsado del país, ni siquiera lo han extraditado. ¿Para qué? Para apoderarse de sus bienes”, sostuvo el jurista.
En ese sentido, el abogado también apuntó a la existencia de una presunta cuarta caja fuerte con contenido de alto valor, que —según sus declaraciones— habría sido retirada por el propio ministro de Gobierno, lo que refuerza las sospechas planteadas en la denuncia presentada por el legislador.
