El Gobierno confirmó este miércoles que el Estado boliviano perdió el arbitraje internacional iniciado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), relacionado con las demoras derivadas del proceso de nacionalización de la administración de los fondos de pensiones.
En ese marco, las autoridades anunciaron que se cumplirá con el fallo internacional y se procederá al pago de una indemnización de aproximadamente 105 millones de dólares, tal como fue determinado por el Tribunal Supremo de los Países Bajos, que rechazó la solicitud presentada por Bolivia para anular el laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
“El fallo confirma que Bolivia deberá pagar aproximadamente 105 millones de dólares a BBVA Previsión”, informó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia, en conferencia de prensa.
La autoridad también indicó que el Estado asumirá las acciones necesarias para cumplir con esta obligación, aunque evitó precisar detalles sobre los mecanismos que se utilizarán para efectuar el pago.
“El Estado va a tomar las medidas que tenga que tomar para realizar el pago, se van a tomar algunas medidas, no podemos adelantarlas”, sostuvo.
Asimismo, Valencia explicó que los plazos para cumplir con la indemnización están establecidos en el propio laudo arbitral, por lo que el Gobierno deberá ajustarse a dichos términos.
En su intervención, el viceministro atribuyó este resultado a decisiones asumidas en anteriores gestiones gubernamentales, señalando que la falta de seguridad jurídica durante el proceso de nacionalización fue determinante para el fallo adverso.
“Es importante señalar que este es el resultado de una herencia y las malas decisiones que se tomaron en las gestiones pasadas, cuando llevaron adelante el proceso de nacionalización y no respetar la seguridad jurídica, lo que nos ha puesto en esta situación”, afirmó.
En esa línea, agregó que el actual Gobierno actúa con transparencia al informar sobre el caso y que se encuentra evaluando alternativas para cumplir con la obligación sin generar un impacto negativo en la economía nacional.
Por su parte, el gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, buscó llevar tranquilidad a la población asegurando que este fallo no afectará los ahorros previsionales de los ciudadanos.
“Queremos ser muy claros, el resultado del laudo arbitral no va a afectar a las pensiones. Los recursos que son administrados por la Gestora son un patrimonio autónomo, independientes y con un destino específico que es el pago de las pensiones”, explicó.
En ese sentido, enfatizó que los fondos de los jubilados están protegidos por normativa vigente, por lo que ningún boliviano verá comprometidos sus ahorros a raíz de esta decisión judicial internacional.
A su turno, el procurador general del Estado, Hugo César León, señaló que el país enfrenta una obligación jurídica consolidada que debe ser cumplida conforme a los estándares internacionales.
En complemento, el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Roger Longaric, anunció la realización de un proceso de evaluación y auditoría a todos los arbitrajes internacionales en los que Bolivia haya sido demandada, con el objetivo de identificar posibles responsabilidades.
Según indicó, se buscará sancionar a quienes hubieran adoptado decisiones inadecuadas en la defensa del Estado, aunque ratificó que Bolivia cumplirá con el pago dispuesto tanto por el tribunal arbitral como por la justicia de los Países Bajos.
