Las Fuerzas Armadas se encuentran en estado de alerta y a la espera de una orden oficial que autorice su intervención en tareas de seguridad en el departamento de Santa Cruz, en un contexto marcado por el incremento de hechos violentos en la región. La información fue confirmada por el comandante de la Octava División del Ejército, general de brigada Rider Calzadilla Gutiérrez, quien aseguró que la institución está preparada para desplegar efectivos en cuanto el alto mando lo disponga.
La autoridad militar enfatizó que el rol de las Fuerzas Armadas está enmarcado en el mandato constitucional de servicio a la población. “Las Fuerzas Armadas siempre van a estar al servicio de su pueblo. Es un mandato constitucional”, afirmó. No obstante, aclaró que hasta el momento no se ha emitido ninguna instructiva específica que disponga su participación en operativos de seguridad ciudadana.
Según detalló Calzadilla, alrededor de 1.000 efectivos se encuentran disponibles en Santa Cruz y podrían ser movilizados de manera inmediata si así lo requieren las autoridades competentes. Mientras tanto, las unidades militares continúan cumpliendo funciones estratégicas, particularmente en el resguardo de las fronteras, donde —según indicó— la cobertura está plenamente garantizada mediante la presencia de puestos militares.
El general explicó que, en caso de concretarse una intervención, esta se desarrollaría bajo un esquema de coordinación interinstitucional, tal como ocurrió en anteriores programas de seguridad ciudadana en los que participaron las Fuerzas Armadas junto a otras entidades del Estado. “Me imagino que van a ser instrucciones similares las que se impartan”, señaló.
Asimismo, indicó que en la guarnición militar de Santa Cruz existen al menos cinco unidades operativas que se encuentran listas para actuar, a la espera de una disposición oficial que defina su rol en el actual escenario.
Este pronunciamiento se produce en medio de una creciente preocupación por la seguridad en el departamento, tras recientes hechos de violencia asociados al sicariato y al crimen organizado. Esta situación ha derivado en la intensificación de operativos policiales y en una mayor coordinación entre instituciones para contener la escalada delictiva.
