El presidente Rodrigo Paz promulgó la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras y aseguró que el siguiente paso será trabajar en la construcción de una nueva legislación agraria elaborada sobre la base del diálogo, los consensos y la participación de distintos sectores del país.
La decisión fue asumida luego de que concluyera el trámite legislativo en la Asamblea Legislativa, en medio de una fuerte presión social marcada por movilizaciones y bloqueos protagonizados por organizaciones campesinas y sectores sociales que rechazaban la norma.
El mandatario destacó que la eliminación definitiva de la Ley 1720 es resultado del diálogo entre diferentes actores políticos y sociales, y afirmó que ahora el desafío será elaborar una nueva ley que responda a las necesidades del país y garantice equilibrio en el tratamiento del tema agrario.
“Como resultado del diálogo y del encuentro entre bolivianos, logramos la abrogación de la Ley 1720, lo que significa su eliminación definitiva. Ahora, nuestro compromiso es construir una nueva ley sobre la tierra que sea fuerte, justa y equilibrada, nacida del consenso y de escuchar a todos los sectores”, manifestó Paz.
La Ley 1720 había generado rechazo en diversos sectores sociales debido a que contemplaba la posibilidad de convertir la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, aspecto que fue interpretado por organizaciones campesinas y productivas como una amenaza a la estructura de distribución y acceso a la tierra.
Las protestas contra la normativa derivaron en varios días de bloqueos y movilizaciones en distintas carreteras del país, principalmente en el departamento de La Paz, donde los sectores movilizados exigían la anulación total de la ley.
Tras la promulgación de la abrogación, desde la Asamblea Legislativa se informó que existe un plazo de 60 días para avanzar en la elaboración de una nueva normativa agraria.
De acuerdo con reportes parlamentarios, las comisiones agrarias departamentales tendrán un rol central en el proceso de construcción, análisis y socialización del nuevo proyecto de ley, con el objetivo de incorporar propuestas y observaciones de distintos sectores sociales, productivos y regionales.
El Gobierno aseguró que la nueva legislación buscará garantizar estabilidad jurídica, equilibrio en el acceso a la tierra y consenso nacional, evitando generar nuevas confrontaciones sociales.
