Bolivia concluyó este miércoles una nueva jornada marcada por la tensión social, los bloqueos de carreteras y denuncias de violencia, pese a que el presidente Rodrigo Paz promulgó la abrogación de la Ley 1720, una de las principales demandas de los sectores movilizados en distintas regiones del país.
Aunque la eliminación de la norma fue presentada por el Gobierno como una respuesta a los reclamos sociales, las medidas de presión no cesaron y los bloqueos continuaron activos en varias carreteras nacionales. La jornada además estuvo marcada por el reporte de dos fallecimientos que fueron atribuidos a las dificultades de transitabilidad ocasionadas por las protestas.
La Ley 1720 había generado rechazo principalmente entre organizaciones campesinas y sectores sociales que cuestionaban la posibilidad de convertir la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad, situación que —según denunciaban— podía afectar la estructura de tenencia de tierras en el país.
Tras concluir el trámite legislativo para dejar sin efecto la norma, el presidente Rodrigo Paz manifestó que el siguiente paso será construir una nueva legislación agraria basada en consensos y con participación de distintos sectores sociales y productivos.
Desde la Asamblea Legislativa se estableció un plazo de 60 días para trabajar en la elaboración de un nuevo marco normativo. Según reportes parlamentarios, las comisiones agrarias departamentales participarán en la construcción y socialización del nuevo proyecto de ley, el cual deberá definir procedimientos y condiciones relacionados con una eventual conversión de la pequeña propiedad agraria.
Los bloqueos continúan
Pese a la abrogación de la norma, los bloqueos persistieron durante toda la jornada. De acuerdo con el mapa actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las 22:00 se contabilizaban al menos 21 puntos de bloqueo en el país, concentrándose la mayoría de ellos en el departamento de La Paz.
En ese contexto, la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó la continuidad de las movilizaciones y cuestionó duramente la gestión del Gobierno nacional.
El máximo ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó que el actual escenario de conflictividad es consecuencia de errores cometidos por el Ejecutivo durante sus primeros meses de gestión.
“Ha tenido seis meses para solucionar los problemas del país y en vez de que se reconcilie, trabaje con las organizaciones sociales, con los sectores populares del país, se ha peleado”, sostuvo el dirigente sindical.
Argollo también criticó los anuncios realizados por la Policía Boliviana respecto a posibles operativos de desbloqueo y llamó a los sectores movilizados a mantenerse unidos y continuar con las medidas de presión.
Dos muertes en medio de la crisis
La jornada estuvo además marcada por el reporte de dos fallecimientos que fueron relacionados con las dificultades de circulación provocadas por los bloqueos.
El Gobierno nacional denunció la muerte de una ciudadana extranjera de 56 años en la localidad fronteriza de Desaguadero y atribuyó el deceso a la imposibilidad de acceder oportunamente a atención médica debido al cierre de carreteras.
Según un comunicado oficial, la víctima fue identificada como Anna Enns, oriunda de Belice.
“La vida de esta persona pudo haber sido salvada; sin embargo, el cierre de vías y la presencia de grupos agresivos impidieron el auxilio médico oportuno”, señala el pronunciamiento gubernamental.
Horas después también se reportó la muerte de otra mujer que era trasladada en ambulancia desde el municipio de Guanay hasta la ciudad de La Paz. De acuerdo con el médico José Luis Macuchapi, la paciente llegó sin signos vitales a una clínica privada luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el trayecto.
El profesional explicó que la ambulancia tuvo que desviarse por rutas alternas debido a los bloqueos instalados en las carreteras, situación que habría provocado una demora crítica en el traslado.
“Evidentemente podía salvarse si no demoraba”, lamentó el médico.
Anuncian operativos de desbloqueo
En medio del incremento de la tensión social, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, anunció que se ejecutarán intervenciones en los distintos puntos de bloqueo para restablecer el tránsito vehicular en las carreteras afectadas.
La autoridad policial confirmó además que existe coordinación con las Fuerzas Armadas para desarrollar operativos conjuntos destinados a liberar las vías tomadas por los manifestantes.
Mientras tanto, el ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, César González, planteó la creación de una “Central General de Trabajadores por Cuenta Propia” como alternativa a la COB y acusó a esa organización de impulsar acciones orientadas a desestabilizar al Gobierno mediante los bloqueos.
Por otro lado, dirigentes del transporte pesado y del sector gremial anunciaron que presentarán denuncias penales contra Mario Argollo y el dirigente de la organización Túpac Katari, Vicente Salazar, acusándolos de presunta instigación y afectación a la libre transitabilidad en el país.
La situación continúa generando incertidumbre y preocupación en distintos sectores, mientras persisten las medidas de presión y el Gobierno busca recuperar la circulación en las principales carreteras nacionales.
