El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que elMinisterio Público emitió un instructivo nacional que habilita el inicio de acciones legales relacionadas con los bloqueos que se registran en diferentes puntos del país y que, tras 33 días de conflicto, mantienen aisladas a varias regiones, principalmente en el occidente boliviano.
La determinación fue asumida en un contexto de creciente preocupación por los efectos de las medidas de presión sobre el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros insumos esenciales, además de las afectaciones a las actividades productivas y comerciales en distintas ciudades.
Según explicó Mariaca, el instructivo establece lineamientos para que los fiscales puedan actuar dentro del marco de la ley y conforme a las atribuciones que les otorga la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal. La autoridad aclaró que cualquier actuación deberá respetar estrictamente el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.
“Se han emitido instructivos con lineamiento, para que siempre respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, se puedan iniciar las acciones legales si se consideran necesarias y pertinentes, o en su defecto, a través de denuncias que puedan presentar ciudadanos en todo el país”, manifestó el Fiscal General.
La medida contempla la posibilidad de que las investigaciones sean abiertas de oficio por el Ministerio Público o a partir de denuncias formales presentadas por ciudadanos, instituciones o sectores que consideren vulnerados sus derechos como consecuencia de los bloqueos.
El anuncio se produce mientras el conflicto social continúa sin una solución a la vista. Las movilizaciones ya suman 33 jornadas consecutivas y hasta el momento no se ha concretado un diálogo efectivo entre el Gobierno y los sectores movilizados, que mantienen sus demandas y medidas de presión en diferentes regiones.
Mariaca explicó además que cada fiscalía departamental cuenta con unidades de análisis encargadas de revisar las denuncias que llegan a la institución. Estas instancias tienen la responsabilidad de verificar si los casos cumplen con los requisitos legales establecidos antes de ser admitidos formalmente.
En ese sentido, señaló que aquellas denuncias que no reúnan los elementos necesarios podrán ser observadas o incluso rechazadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa vigente. La decisión final sobre la admisión o rechazo de cada caso corresponderá a los fiscales de materia encargados de evaluar los antecedentes.
El Fiscal General enfatizó que el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de velar por los intereses de la sociedad y proteger derechos fundamentales que podrían verse afectados por las medidas de presión. Entre ellos mencionó la libre circulación, el acceso al trabajo, la producción y el abastecimiento de bienes esenciales para la población.
Asimismo, remarcó que la institución respeta el derecho a la protesta y a la movilización, pero señaló que estas acciones deben desarrollarse sin vulnerar los derechos de otros ciudadanos.
“Somos respetuosos de las solicitudes que hacen diferentes movimientos. Pueden realizar las marchas que vean pertinentes, siempre y cuando respeten también los derechos de otras personas”, afirmó.
La autoridad agregó que las manifestaciones pueden llevarse adelante dentro del marco democrático, pero permitiendo el tránsito de productos e insumos indispensables para la población. En ese contexto, mencionó la importancia de garantizar el paso de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal y otros suministros necesarios para el funcionamiento de hospitales y servicios básicos.
“Pueden ellos transitar por todo el país dejando que pasen los alimentos, dejando que pasen los combustibles, dejando que pase oxígeno a los diferentes hospitales del país”, sostuvo Mariaca.
