Un video difundido en redes sociales durante las últimas horas ha generado preocupación y una ola de reacciones en distintos sectores del país. En las imágenes aparece un grupo de personas armadas, con el rostro completamente cubierto y portando armas de grueso calibre, que emiten amenazas dirigidas al presidente Rodrigo Paz, a las fuerzas del orden y a sus familias.
El material audiovisual, grabado presuntamente en el departamento de Santa Cruz, muestra a varios individuos vestidos con ropa oscura y encapuchados, quienes se identifican como una supuesta “milicia armada del pueblo”. Durante el mensaje, los integrantes del grupo aseguran que actuarán en respuesta a cualquier operativo que consideren represivo contra los sectores movilizados que mantienen protestas y bloqueos en distintas regiones del país.
“Hermanos bolivianos, las juventudes de Santa Cruz, organizados en milicia armada del pueblo, queremos advertir al Gobierno y a sus fuerzas represoras que no se atrevan a sembrar luto y dolor en las familias movilizadas, que solo defienden sus derechos y su vida. En caso de más represión, nos obligaremos a responder con la misma fuerza y pagar con la misma moneda”, señala uno de los encapuchados en el video.
Sin embargo, el contenido del mensaje fue más allá de las advertencias contra el Gobierno. Los integrantes del grupo también lanzaron amenazas directas contra efectivos policiales y militares, advirtiendo incluso sobre posibles acciones contra sus familiares.
“Señores militares y policías, tomen conciencia. No arriesguen a sus familias; en caso de que ustedes repriman, vamos a localizar las casas y viviendas de sus familias. Están corriendo riesgo”, manifiestan en la grabación.
El video concluye con varias detonaciones realizadas al aire por parte de los encapuchados, quienes exhiben sus armas de fuego mientras realizan disparos como una demostración de fuerza.
Las amenazas surgen después de los violentos hechos registrados el sábado en San Julián, municipio cruceño donde un operativo policial de desbloqueo derivó en enfrentamientos que dejaron personas heridas, tanto civiles como efectivos policiales.
Durante esa jornada se reportaron disparos, agresiones y escenas de alta tensión. Además, periodistas y medios de comunicación presentes en la zona lograron registrar imágenes de vehículos y personas portando armas de fuego, situación que posteriormente fue reconocida por las autoridades policiales.
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, informó que se iniciarán investigaciones para identificar a las personas que aparecieron armadas durante los enfrentamientos y establecer posibles responsabilidades penales.
La aparición de grupos armados vinculados a sectores movilizados ha sido rechazada por diversas autoridades, dirigentes cívicos e instituciones, que consideran que este tipo de acciones representan un grave riesgo para la seguridad y la estabilidad del país.
Una de las primeras autoridades en pronunciarse fue la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, quien pidió al presidente Rodrigo Paz asumir medidas urgentes ante la escalada de violencia.
La legisladora sostuvo que los acontecimientos registrados en San Julián superan el marco de una protesta social y muestran indicios de una organización estructurada que estaría recurriendo a la violencia para alcanzar sus objetivos.
“No se trata de una movilización social legítima, sino de una organización criminal perfectamente coordinada que hoy busca sembrar luto en Santa Cruz”, afirmó.
Asimismo, consideró que el Gobierno no puede continuar postergando decisiones frente a un escenario que, según indicó, pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
“Ya es hora de actuar con firmeza. No podemos permitir que grupos organizados continúen generando violencia y poniendo en riesgo la vida de los cruceños”, manifestó.
Álvarez también advirtió que los ataques registrados evidencian un elevado nivel de organización y planificación, por lo que pidió priorizar el restablecimiento de la paz social y la protección de la población.
Por su parte, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, calificó el contenido del video como una “declaración de guerra” contra el Estado y contra las fuerzas del orden.
El dirigente expresó su preocupación por la presencia de grupos armados operando en medio del conflicto social y aseguró que los hechos ocurridos en San Julián confirman la existencia de organizaciones que utilizan armas de fuego contra efectivos policiales.
“Lo que se ha vivido ayer en San Julián nos deja tristes a todos los bolivianos, porque se ratifica lo que todos sabíamos, que hay grupos armados ya con cara, como se dice, que han disparado a la Policía”, afirmó.
Zambrana señaló que estos acontecimientos no deben ser considerados hechos aislados y exigió investigaciones profundas para identificar tanto a los responsables directos como a quienes estarían financiando o promoviendo estas acciones.
“Hoy nosotros vamos a pedir las investigaciones que correspondan al Gobierno y al Poder Judicial para que nos digan quiénes están financiando y quiénes están detrás de esto”, sostuvo.
El dirigente también expresó sospechas sobre una posible vinculación de organizaciones del narcotráfico con estos grupos armados.
“La gran sospecha que vemos es que el narcotráfico se ha infiltrado ya en muchos lugares del territorio nacional y se han mezclado con la gente buena, con ciudadanos que han sido manipulados para este fin”, advirtió.
Además, remarcó que durante los hechos violentos se utilizaron armas de guerra y se registraron ataques e incendios contra instalaciones policiales, circunstancias que, a su juicio, requieren una respuesta inmediata de las autoridades.
Desde el Gobierno nacional también hubo reacciones. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que el Ejecutivo respaldará a las organizaciones sociales y enfrentará cualquier intento de desestabilización.
“No vamos a dejar solos a los campesinos, mineros, maestros, interculturales y organizaciones vivas de Bolivia. Juntos vamos a derrotar al narcoterrorismo que solo busca dividir y destruir nuestra patria”, escribió la autoridad.
Asimismo, sostuvo que existen demandas sociales legítimas que durante años no recibieron atención adecuada y aseguró que el Gobierno trabajará junto a distintos sectores para impulsar la reconstrucción del país.
“Junto con ellas vamos a trabajar para reconstruir la patria, una Bolivia de unidad, digna y con oportunidades para todos”, señaló.
En medio de la creciente preocupación, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento este domingo en el que informó que durante el operativo realizado en San Julián se habría evidenciado la presencia de actores paraestatales y grupos de choque.
La institución indicó además que se registró el uso de armas de fuego y explosivos, por lo que pidió al Ministerio Público realizar una investigación objetiva, transparente e independiente para identificar a los responsables y establecer responsabilidades individuales.
La Defensoría también presentó un balance preliminar sobre las personas heridas durante los enfrentamientos. Según el informe, se contabilizaron 33 lesionados, de los cuales 26 corresponden a civiles y siete a efectivos policiales.
De los civiles afectados, 24 presentaban heridas leves y moderadas y fueron dados de alta tras recibir atención médica. Otras dos personas tuvieron que ser internadas para ser sometidas a intervenciones quirúrgicas, una de ellas debido a una herida provocada por un impacto de bala.
Respecto a los policías heridos, cuatro fueron atendidos por lesiones causadas por armas de fuego. Uno de ellos, que sufrió una herida de gravedad en la cabeza, permanece internado en una unidad de terapia intensiva.
