La posibilidad de avanzar con un proceso de nacionalización de vehículos indocumentados volvió a generar debate luego de que se conociera la existencia de un proyecto de ley sobre el tema. Aunque el Gobierno aclaró que no es el impulsor de la iniciativa, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que una eventual regularización podría ser viable siempre que se establezcan estrictas restricciones para evitar la legalización de bienes obtenidos de manera ilícita. En respuesta, la Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó su rechazo a cualquier medida que permita la nacionalización de estos motorizados.
Espinoza explicó que, desde la perspectiva del Ejecutivo, si se llegara a implementar un proceso de regularización, este debería tener un carácter excepcional y definitivo, con el objetivo de poner fin al ingreso de vehículos sin documentación al país.
“Lo lógico y lo que habíamos planteado desde el inicio es que tiene que haber un proceso de regularización. Esta debería ser la última vez que se hace esto porque evidentemente no podemos seguir permitiendo el ingreso de vehículos indocumentados”, manifestó la autoridad.
El ministro remarcó que cualquier eventual proceso de nacionalización tendría que excluir de forma categórica a los vehículos vinculados con actividades delictivas. En ese sentido, indicó que no podrían ser regularizados aquellos motorizados reportados como robados o que estén involucrados en procesos penales, tanto en Bolivia como en el extranjero.
“No se nacionaliza lo producto de lo ilícito. Vehículos robados, vehículos que sean identificados y que tengan procesos penales o que hayan sido parte de algún tipo de ilícito, ya sea en Bolivia o en el exterior, esos no deberían ser sujetos de regularización”, sostuvo Espinoza.
Asimismo, la autoridad aclaró que el Gobierno no ha elaborado ni presentado un proyecto de ley sobre este tema y señaló que la propuesta conocida públicamente corresponde a la iniciativa de un diputado, la cual aún deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente.
Espinoza también indicó que, en caso de que la propuesta prospere, los propietarios de los vehículos indocumentados tendrían la obligación de cancelar todos los tributos que fueron omitidos durante el ingreso irregular de los motorizados al país, además del pago de multas que sirvan como mecanismo de desincentivo para evitar futuras internaciones ilegales.
“Obviamente se debe pagar los tributos que se han omitido y se debe pagar algún tipo de multa porque evidentemente esto también forma parte del desincentivo que tiene que ver con la inserción de vehículos indocumentados”, afirmó.
Sin embargo, la posibilidad de una nueva regularización encontró una rápida respuesta por parte del sector automotor. El martes, la Cámara Automotor Boliviana (CAB) manifestó su rechazo a cualquier iniciativa de nacionalización, argumentando que este tipo de medidas termina favoreciendo a personas vinculadas con actividades irregulares y no necesariamente a familias de escasos recursos.
El vicepresidente de la CAB, Erick Saavedra, cuestionó el argumento de que la medida tendría un fin social y aseguró que detrás de estas iniciativas existen intereses económicos de mayor alcance.
“Quieren vender la idea de que es para la gente que no tiene recursos, que es una acción noble, pero en realidad es un negociado, donde hay avionetas, helicópteros, camiones y autos de lujo”, declaró.
