El dirigente de los Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar Limachi, permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, en el marco de una investigación iniciada por el Ministerio Público por su presunta participación en los hechos registrados durante los 53 días de bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio de este año.
De acuerdo con la imputación formal presentada por la Fiscalía, Salazar es investigado por la presunta comisión de cinco delitos: instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. Estas acusaciones están relacionadas con los bloqueos y las consecuencias que dichas movilizaciones tuvieron sobre la circulación, el abastecimiento y la prestación de servicios en distintas regiones.
Según el reporte del Ministerio Público, la audiencia de medidas cautelares fue programada para las 12:00 de este lunes y se desarrollará de manera virtual. En esa instancia, la autoridad jurisdiccional analizará los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa del dirigente antes de emitir una resolución sobre su situación legal.
La Fiscalía solicitó que Salazar sea enviado con detención preventiva por el lapso de seis meses al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz. En la imputación, el Ministerio Público sostiene que existen suficientes indicios y elementos de convicción que permiten establecer, con probabilidad, que el dirigente habría participado en calidad de autor en los hechos investigados.
Para sustentar esa solicitud, la comisión de fiscales señala que cuenta con declaraciones testificales, documentación oficial, informes técnicos y otros actos investigativos que, a su criterio, respaldan la imputación formulada contra Salazar y justifican la aplicación de una medida cautelar de carácter personal mientras continúan las investigaciones.
Asimismo, el Ministerio Público argumenta que concurren riesgos procesales tanto de fuga como de obstaculización de la investigación, por lo que considera necesaria la detención preventiva con el objetivo de garantizar la presencia del imputado durante toda la etapa preparatoria del proceso penal y evitar que interfiera en la obtención de nuevos elementos de prueba.
Durante la audiencia cautelar, será el juez de la causa quien evalúe la legalidad y suficiencia de los argumentos expuestos por la Fiscalía y la defensa, para determinar si corresponde aceptar o rechazar la solicitud de detención preventiva. La resolución definirá la situación jurídica de Vicente Salazar mientras prosiguen las investigaciones por los cinco delitos que le atribuye el Ministerio Público en relación con los bloqueos registrados entre mayo y junio.
