La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puso en marcha una intervención interna con el objetivo de investigar presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles, transparentar sus operaciones y fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de la empresa. El anuncio fue realizado por el presidente de la estatal, Sebastián Daroca, quien aseguró que la instrucción del Gobierno es aplicar una política de «cero tolerancia a la corrupción» en todas las áreas de la institución.
Durante una entrevista, Daroca informó que se conformó una comisión multidisciplinaria que dependerá directamente de la Presidencia de YPFB y tendrá la misión de revisar de manera integral los procesos comerciales, administrativos, legales y tecnológicos en los distintos distritos de la empresa a nivel nacional.
El ejecutivo explicó que esta medida responde a la necesidad de esclarecer denuncias que, según indicó, durante varios años no fueron investigadas con la profundidad necesaria.
«YPFB viene de una administración de muchos años donde este tipo de denuncias se dieron de manera sistemática y no llegaron a resultados. Hoy queremos transparentar las operaciones y tomar las acciones que correspondan», afirmó.
La comisión estará integrada por especialistas en las áreas comercial, administrativa, jurídica y de sistemas informáticos, debido a que parte de las denuncias hace referencia a posibles manipulaciones en los sistemas de facturación y despacho de combustibles. El equipo recorrerá cada uno de los distritos de la empresa para recopilar información y determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Según Daroca, el objetivo es realizar una evaluación objetiva que permita identificar las irregularidades y adoptar las medidas correspondientes, que podrían incluir procesos disciplinarios internos, denuncias ante el Ministerio Público o modificaciones en los procedimientos operativos de la estatal.
Como parte del plan de transparencia, YPFB también anunció la creación de una plataforma destinada a recibir denuncias y consultas de manera confidencial. El sistema permitirá que productores, transportistas y ciudadanos reporten posibles hechos de corrupción, cobros irregulares o desvío de combustibles sin revelar su identidad.
Daroca explicó que muchas investigaciones anteriores no prosperaron porque las personas evitaban identificar a los responsables por temor a represalias. Por ello, la nueva herramienta garantizará la protección de los denunciantes y contará con el respaldo del Viceministerio de Justicia, que brindará acompañamiento legal durante las investigaciones.
El presidente de la estatal señaló que esta iniciativa busca fortalecer los mecanismos de control y generar mayor confianza entre los sectores que diariamente interactúan con la empresa.
Daroca sostuvo que, además de las presuntas irregularidades internas, uno de los mayores desafíos que enfrenta YPFB es el desvío de combustibles hacia la reventa y la especulación, situación que estaría afectando el abastecimiento normal en diferentes regiones del país.
Explicó que actualmente YPFB comercializa el diésel a Bs 9,80 por litro, mientras que el combustible importado por operadores privados llega a venderse hasta en Bs 19 por litro, diferencia de precios que genera un incentivo para el mercado ilegal.
«El que necesita combustible hace fila, pero también hace fila quien busca revenderlo. Ese diferencial de precios genera un fuerte incentivo para la especulación», manifestó.
El titular de YPFB indicó que, pese a que la empresa incrementó los volúmenes de distribución, las filas en las estaciones de servicio continúan, lo que, a su criterio, demuestra que parte del combustible es desviado antes de llegar a los consumidores finales.
Asimismo, informó que la planta de almacenamiento de Palmasola, en Santa Cruz, inició la jornada con 6,9 millones de litros de diésel disponibles, volumen que supera ampliamente la demanda diaria estimada en 2,6 millones de litros.
En ese sentido, señaló que el principal desafío ya no consiste únicamente en garantizar el abastecimiento, sino en asegurar que el combustible llegue efectivamente a los sectores productivos y no sea desviado durante la cadena de distribución.
Para fortalecer el control, YPFB trabaja de manera coordinada con productores y gobiernos municipales con el propósito de transparentar las asignaciones de combustible y facilitar un control social sobre los volúmenes entregados a las estaciones de servicio.
El presidente de YPFB también consideró fundamental que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) intensifique los controles en las estaciones de servicio para detectar casos de reventa y desvío de combustibles.
Según explicó, productores y autoridades municipales reportaron que en varias provincias el diésel es comercializado a precios muy superiores al valor subvencionado, situación que evidencia la existencia de un mercado ilegal que afecta el abastecimiento.
«Es urgente una intervención fuerte de la ANH para combatir la especulación y la reventa», sostuvo.
Finalmente, Daroca anunció que la comisión de investigación presentará sus primeros informes en los próximos días y que, una vez concluidas las primeras evaluaciones, YPFB comenzará a aplicar las medidas correspondientes, ya sea mediante procesos administrativos internos o denuncias formales ante la Fiscalía.
