El presidente Rodrigo Paz reconoció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no logró cumplir con el objetivo de garantizar un abastecimiento permanente de combustibles en el país y anunció que su Gobierno analiza nuevas alternativas para enfrentar la crisis, entre ellas la apertura del mercado a las importaciones privadas y una revisión del futuro de la subvención a los carburantes.
El mandatario sostuvo que, pese a los esfuerzos realizados para que la empresa estatal cumpla con su función, persisten las dificultades para garantizar la provisión de diésel y gasolina de manera continua. Ante este escenario, planteó permitir una mayor participación del sector privado en la importación de combustibles y aseguró que el Gobierno brindará las garantías necesarias a las empresas interesadas.
“Hemos intentado de todas las formas de que YPFB pueda cumplir con sus objetivos, pero es parte de una institución que no logra llegar a los objetivos que quieren todos los bolivianos: tener combustible 24/7. Entonces, aperturamos el mercado, las importaciones y damos todas las garantías. A aquellos que quieran importar, sepan que el Gobierno les dará todo el respaldo”, afirmó Paz.
La propuesta surge en medio de una persistente crisis de abastecimiento que ha provocado largas filas en estaciones de servicio y dificultades para acceder principalmente a diésel, un carburante fundamental para el transporte y las actividades productivas.
Paz también puso nuevamente en debate la continuidad de la subvención a los combustibles. El presidente cuestionó que una parte importante de los recursos públicos sea destinada a mantener los precios de los carburantes y sostuvo que ese dinero podría ser utilizado para atender otras necesidades prioritarias de la población.
Según el mandatario, el mantenimiento del subsidio implica dejar de destinar recursos a sectores como salud, educación e infraestructura. En ese sentido, señaló que la discusión sobre el futuro de la subvención debe ser abordada considerando las necesidades sociales y económicas del país.
El presidente indicó que esta problemática fue analizada tanto en el oriente como en el occidente de Bolivia, junto con alcaldes y gobernadores. De acuerdo con su versión, las autoridades de los gobiernos subnacionales coinciden en que los recursos disponibles deberían priorizar la atención de hospitales, colegios, carreteras y otras obras antes que continuar destinándolos al subsidio de los carburantes.
Paz también vinculó la subvención con el contrabando de combustibles. Explicó que la diferencia entre el precio de los carburantes en Bolivia y el de otros países genera un incentivo económico para sacar diésel y gasolina del territorio nacional de manera ilegal.
El mandatario cuestionó que el Estado utilice recursos públicos para mantener un precio subsidiado que, según su argumento, termina beneficiando también a quienes desvían el combustible hacia mercados externos.
“El subsidio nos está haciendo daño y nos está quitando por semana hospitales, colegios, carreteras, infraestructuras, nos está quitando ítems de educación, ítems de salud, nos está quitando todo aquello que el boliviano necesita”, sostuvo.
En esa línea, Paz planteó una disyuntiva entre mantener el actual esquema de subvención o redireccionar esos recursos hacia otras necesidades de la población.
“O pagamos subsidio para que nos roben y se lleven el combustible a otros países o utilizamos esos recursos para las necesidades de los bolivianos”, enfatizó.
