Ante las prolongadas filas que se registran desde hace meses en los surtidores de Bolivia debido a las dificultades en el abastecimiento de combustibles, la Asamblea de la Cruceñidad determinó otorgar un plazo al Gobierno nacional hasta el próximo 10 de octubre para que adopte medidas concretas destinadas a solucionar la escasez de carburantes.
La determinación fue asumida este miércoles por representantes cívicos de Santa Cruz, quienes además plantearon una serie de demandas relacionadas con la distribución de recursos y la descentralización del Estado. Entre sus principales exigencias se encuentra la implementación del denominado modelo 50-50 a partir de la gestión 2027.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, explicó que una de las demandas centrales consiste en la restitución de las competencias que la Constitución Política del Estado asigna a los gobiernos municipales y departamentales. Asimismo, reclamó la devolución de los recursos que, según los cívicos, fueron “cercenados” por el nivel central del Estado y que deberían ser administrados por las entidades regionales.
Respecto al modelo 50-50, los cívicos demandaron que sea aplicado desde 2027, con el objetivo de que el 50% de los recursos generados en las regiones permanezca en los departamentos. Según Cochamanidis, estos recursos deberían ser administrados por las gobernaciones, municipios y universidades para destinarlos a la ejecución de obras y proyectos de infraestructura, entre ellos escuelas, hospitales y caminos.
La Asamblea de la Cruceñidad también incluyó entre sus resoluciones una demanda relacionada directamente con la crisis de abastecimiento de combustibles. Los representantes cívicos exigieron la liberación total de la importación, distribución y comercialización de carburantes, además de la eliminación de impuestos que, consideran, inciden en el precio final que paga la población.
En ese marco, cuestionaron el actual sistema de comercialización y plantearon terminar con el monopolio estatal de YPFB. Cochamanidis sostuvo que este modelo, a criterio de los cívicos, habría generado problemas de corrupción y cuestionamientos vinculados a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Las determinaciones adoptadas contemplan además la posibilidad de activar medidas de presión en caso de que el Gobierno nacional no atienda las demandas dentro del plazo establecido. La Asamblea de la Cruceñidad facultó a Cochamanidis para coordinar y poner en marcha movilizaciones escalonadas junto con otras instituciones.
