El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se presentó este jueves en las instalaciones de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) para prestar declaración dentro de la investigación relacionada con la adquisición de cuatro hospitales móviles, operación que es cuestionada por un presunto sobreprecio.
Fernández acudió a la convocatoria del Ministerio Público luego de que inicialmente había sido citado para declarar el pasado 1 de septiembre. En esa oportunidad no se presentó debido a problemas de salud, por lo que la diligencia fue reprogramada.
A su salida de las oficinas de la Delcc, el exalcalde aseguró que finalmente no emitió su declaración porque, según sostuvo, no existía un informe de auditoría que respaldara la denuncia presentada en su contra.
Sin embargo, su abogado defensor aclaró que Fernández decidió acogerse a su derecho a guardar silencio y se abstuvo de declarar ante los investigadores. El jurista explicó que, a partir de esta determinación, corresponde al Ministerio Público definir cuáles serán los siguientes pasos dentro de la investigación y si continuará con el proceso.
“Jhonny Fernández se abstuvo de declarar”, señaló su defensa, al explicar que ahora será la Fiscalía la que deberá determinar cómo continuará el caso.
Mientras Fernández abandonaba las instalaciones de la Delcc, la exsecretaria municipal de Salud, Adriana Amelunge, permanecía en dependencias policiales prestando su declaración dentro de la misma investigación. Hasta las 18:00, la exfuncionaria continuaba respondiendo a las preguntas de los investigadores.
Antes de ingresar a las oficinas de la Delcc, Fernández rechazó las acusaciones relacionadas con la compra de los hospitales móviles y negó que en la operación se hubiera producido un sobreprecio.
El exalcalde calificó la investigación como un asunto de carácter político y defendió la legalidad de la adquisición de los vehículos que ahora son objeto de investigación.
Hasta las 17:30, los representantes legales de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra no habían emitido una respuesta oficial a las declaraciones realizadas por Fernández.
La denuncia fue presentada por la propia Alcaldía y apunta a posibles irregularidades en la adquisición de cuatro ambulancias que forman parte de los denominados hospitales móviles.
Según los antecedentes de la denuncia, por cada uno de estos vehículos se habría pagado aproximadamente 1,2 millones de bolivianos. Sin embargo, la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, cuestionó ese monto y afirmó que el precio real de cada unidad sería de aproximadamente 433.000 bolivianos.
La diferencia entre ambos montos alcanza cerca de 767.000 bolivianos por cada vehículo, de acuerdo con esas cifras. De confirmarse las observaciones planteadas en la denuncia, la operación podría representar un presunto sobreprecio de alrededor de 700.000 bolivianos por cada ambulancia.
