La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este jueves un proyecto de resolución camaral que plantea ampliar por otros 90 días el Estado de excepción vigente en el país, medida que surge ante los anuncios de posibles movilizaciones de algunos sectores sociales y bajo el argumento de preservar la reactivación económica.
El diputado Alejandro Medinaceli, del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), informó que la comisión dio luz verde al proyecto y explicó que la propuesta deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de entrar en vigencia.
“La Comisión de Justicia Plural ha aprobado el proyecto de resolución camaral que dispone la ampliación del Estado de excepción”, señaló el legislador en declaraciones a un medio estatal.
De acuerdo con la propuesta, la extensión tendría una duración de 90 días adicionales, que se sumarían al periodo de vigencia establecido mediante el decreto emitido el pasado 20 de junio.
Medinaceli explicó que el proyecto deberá ser tratado primero por el pleno de la Cámara de Diputados. Posteriormente, corresponderá a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocar a una sesión conjunta de ambas cámaras, Diputados y Senadores, para analizar y definir la ampliación del régimen excepcional.
Según el legislador, estos procedimientos podrían comenzar a desarrollarse durante la próxima semana.
El diputado también señaló que existe la posibilidad de que las posiciones del Órgano Ejecutivo y del Legislativo coincidan respecto a la necesidad de prolongar la medida. Indicó que dentro de las diferentes bancadas parlamentarias existen varias voces que consideran necesaria la ampliación debido a la posibilidad de nuevas movilizaciones sociales.
“Hay sectores sociales que creen que se tiene que ampliar el Estado de excepción por unas posibles amenazas a futuras movilizaciones”, sostuvo Medinaceli.
La propuesta se plantea luego de un periodo de alta conflictividad social registrado durante mayo y junio, cuando organizaciones sindicales y campesinas protagonizaron una serie de bloqueos de carreteras en diferentes regiones del país.
Durante aproximadamente siete semanas, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) promovieron bloqueos de carreteras, principalmente en departamentos del occidente y centro del país. Las movilizaciones también contaron con el respaldo de sectores vinculados al expresidente Evo Morales, quienes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos generaron dificultades para el traslado de productos y provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades del territorio nacional.
El conflicto también dejó un saldo de al menos 16 personas fallecidas. Según los reportes citados en torno a la crisis, 13 de esas muertes estuvieron relacionadas con la falta de atención médica oportuna debido a las dificultades que enfrentaron las ambulancias y otros servicios de emergencia para atravesar los puntos de bloqueo.
A las consecuencias sociales se sumaron importantes pérdidas económicas. Las estimaciones señaladas por las autoridades sitúan el impacto de los bloqueos en más de 3.000 millones de dólares.
Luego de alcanzar acuerdos con sectores como la Central Obrera Boliviana, el Gobierno de Rodrigo Paz determinó el pasado 20 de junio la declaración del Estado de excepción como una medida destinada a facilitar el levantamiento de los bloqueos y restablecer la circulación en las principales carreteras del país.
El régimen excepcional fue establecido inicialmente por 90 días, periodo que se encuentra próximo a concluir. Ahora, la Comisión de Justicia Plural pretende extenderlo por un nuevo periodo de tres meses.
