El vicepresidente Edmand Lara cuestionó al presidente Rodrigo Paz y al Gobierno por el precio del diésel que rige en Bolivia y exigió transparencia respecto al costo de importación, los proveedores, los intermediarios y la calidad del combustible que ingresa al país.
A través de un comunicado publicado este domingo, Lara inició su pronunciamiento con un mensaje dirigido al Gobierno: “No le mientan al pueblo boliviano”. En el documento, el vicepresidente puso en duda que el precio de Bs 17,95 por litro de diésel responda únicamente a la decisión de eliminar la subvención y equiparar el costo del combustible con los valores internacionales.
“Si quitar la subvención significa pagar el precio real de importación, entonces hablen con la verdad: díganle al país cuánto cuesta realmente el litro de diésel, cuánto le pagan al proveedor, qué intermediarios intervienen y por qué Bolivia termina pagando Bs 17,95 por litro, más caro que en varios países vecinos que ni siquiera producen petróleo”, señaló Lara.
El vicepresidente también cuestionó la calidad del combustible que está siendo importado. En su comunicado recordó que el propio Ministerio correspondiente habría reconocido el ingreso de combustible que no cumplía con determinadas especificaciones.
“Y díganle también al país qué calidad de combustible están importando. Fue su propio Ministerio el que admitió que ingresó combustible que no cumplía las especificaciones. ¿Eso es lo que le están vendiendo al pueblo a precio de oro?”, manifestó.
Las declaraciones de Lara se producen en medio de la controversia generada por la eliminación de la subvención a los combustibles y por las medidas anunciadas por diferentes sectores del transporte en rechazo al incremento del precio del diésel.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la eliminación de la subvención al diésel responde a la necesidad de reducir distorsiones, combatir el contrabando y garantizar el abastecimiento de combustible en el mercado nacional. La administración de Rodrigo Paz decidió equiparar el precio del diésel con el referente internacional como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la situación del sector energético.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, defendió la decisión y afirmó que la eliminación de la subvención era una medida que, independientemente de quién estuviera en el Gobierno, debía ser asumida debido al carácter estructural del problema.
“Levantar la subvención del diésel le hubiera tocado al Gobierno que sea y aquí no hay ningún tema de popularidad, sino que se trata de una decisión para que la población viva en la realidad”, sostuvo Zamora.
El ministro agregó que el impacto de la subvención acumulada durante años generó problemas que debían ser abordados por la administración de turno. “A las amas de casa, a la población, tenemos que sentarnos con los diferentes sectores; esto no es un tema del Gobierno actual. Esto es un problema estructural de muchos años. Esto le hubiera tocado al gobierno que sea. El tema de la subvención nos ha hecho daño”, afirmó.
Lara cuestionó, sin embargo, las consecuencias que la medida estaría generando sobre la economía de las familias bolivianas. Según el vicepresidente, el incremento del precio del diésel tendría efectos en diferentes sectores y productos de consumo cotidiano.
“Las consecuencias las estamos pagando todos: se disparó el diésel, se dispararon los pasajes, se disparó la carne, el arroz, el aceite y toda la canasta familiar”, sostuvo.
En ese sentido, Lara planteó que el impacto de las medidas económicas no estaría siendo asumido de la misma manera por todos los sectores de la sociedad.
“¿Y quién paga el ajuste? No lo paga el poder. No lo pagan los que más tienen”, cuestionó el vicepresidente, para luego señalar que el impacto recaería principalmente sobre trabajadores, madres de familia, pequeños productores, comerciantes y transportistas.
“Lo paga el trabajador que madruga, la madre de familia que hace milagros en el mercado, el pequeño productor, el gremial, el transportista y el boliviano más humilde”, afirmó.
Ante este escenario, Lara remarcó que su posición no busca privilegios para ningún sector, sino información y rendición de cuentas sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.
“No pedimos privilegios. Exigimos lo mínimo: transparencia, combustible de calidad y cuentas claras”, manifestó.
El vicepresidente también sostuvo que la población podría comprender la necesidad de asumir medidas económicas difíciles si estas estuvieran acompañadas de información clara y justificadas por razones que sean conocidas por la ciudadanía.
“El pueblo boliviano puede entender un sacrificio cuando es justo y necesario, pero no va a aceptar que le hagan pagar más y vivir peor, mientras unos pocos deciden y otros administran sin rendir cuentas”, expresó.
El pronunciamiento se conoció mientras el presidente Rodrigo Paz cumplía una agenda oficial en Estados Unidos durante la semana que concluyó. Hasta la publicación del comunicado, se esperaba un pronunciamiento del mandatario o del Gobierno respecto a las observaciones planteadas por Lara sobre el precio, la procedencia y la calidad del diésel.
El pronunciamiento del vicepresidente se suma así a las críticas y cuestionamientos surgidos alrededor de la eliminación de la subvención y del nuevo precio del combustible, en un contexto marcado además por medidas de presión anunciadas por organizaciones del transporte.
En la parte final de su comunicado, Lara volvió a cuestionar la forma en que el Gobierno está aplicando el ajuste y advirtió sobre el impacto que, según su criterio, está teniendo sobre los sectores de menores ingresos.
“Que quede claro: ¡El ajuste no lo está pagando el poder, lo está pagando el pueblo! Y los que menos tienen son los que más están sufriendo! ¡No le mientan al país! ¡No engañen al pueblo! ¡No hagan que los más pobres paguen los platos rotos de sus malas decisiones!”, concluyó.
