La Fiscalía de Venezuela ha citado para el próximo lunes, 26 de agosto de 2024, al candidato opositor Edmundo González Urrutia en el marco de una investigación penal en su contra. Esta citación se produce después de que González Urrutia denunciara un supuesto fraude en las recientes elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato de seis años (2025-2031). La Fiscalía lo investiga por presuntos delitos de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, entre otros cargos.
El motivo central de la investigación es la publicación y mantenimiento de la página web “https:resultadosconvzla.com”, donde la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, difundió copias de actas electorales que, según ellos, prueban que González Urrutia fue el verdadero vencedor de los comicios, obteniendo el 67% de los votos. Estas afirmaciones contrastan con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio la victoria a Maduro con el 52% de los sufragios frente al 43% de González Urrutia, sin presentar el detalle del escrutinio debido a un supuesto ataque cibernético contra el sistema de votación.
La situación ha generado un clima de tensión en el país, con la líder opositora María Corina Machado convocando a la población a manifestarse el próximo miércoles. Machado, que estaba inhabilitada para postularse, ha sido una de las voces más críticas contra el proceso electoral y el gobierno de Maduro, afirmando que las actas publicadas en la web demuestran la manipulación de los resultados.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en respuesta a un recurso presentado por Maduro, ratificó los resultados oficiales y acusó a González Urrutia de “desacato” por no presentarse a las audiencias del “proceso de peritaje” del material electoral, alegando que se encontraba en una situación de “indefensión”. El TSJ también anunció que enviaría su fallo al fiscal general, Tarek William Saab, con la recomendación de aplicar sanciones al candidato opositor.
Por su parte, el CNE no ha publicado los resultados detallados mesa por mesa, como lo exige la ley electoral venezolana, lo que ha alimentado las sospechas de fraude y la desconfianza en las instituciones encargadas de supervisar el proceso electoral. La independencia tanto del CNE como del TSJ ha sido cuestionada no solo por la oposición venezolana, sino también por una misión de observación de la ONU, que ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y la imparcialidad en la gestión del proceso electoral en Venezuela.
