El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado una seria advertencia sobre el estado actual de la economía boliviana, proyectando un panorama preocupante para el año 2025. Según un informe técnico elaborado como parte de la revisión del Artículo IV —una evaluación exhaustiva de la situación macroeconómica de los países miembros del organismo—, Bolivia registrará un crecimiento económico de apenas 1,1% el próximo año, mientras que la inflación alcanzaría un alarmante 15,1%, ubicándose entre las más altas de América Latina.
El informe, presentado al Directorio Ejecutivo del FMI el pasado 2 de mayo, aún no ha sido publicado oficialmente debido a que el Gobierno boliviano solicitó utilizar el plazo de 28 días que otorgan los procedimientos del organismo internacional para decidir si autoriza su divulgación. Esta decisión ha provocado una ola de críticas desde distintos sectores, que exigen mayor transparencia sobre la realidad económica del país.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien, a través de sus redes sociales, calificó la situación como un “colapso” económico tras dos décadas de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS). “El Gobierno pidió esconder 28 días la publicación de la dura realidad. Arce, no escondan cifras, muestren la verdad, ahora”, expresó con firmeza, señalando que el informe del FMI sería una radiografía contundente de lo que denominó la “tragedia económica” boliviana.
La ficha técnica publicada por el FMI proporciona ya una visión preliminar inquietante. Las cifras proyectadas para 2025 muestran una desaceleración drástica, tanto en crecimiento como en estabilidad de precios. Un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,1% implica un estancamiento económico considerable, mientras que la inflación de 15,1% sugiere una pérdida severa del poder adquisitivo, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población.
Además del pobre desempeño económico, el FMI también destaca la fragilidad financiera del país. Bolivia dispone actualmente de 14,81 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), frente a una cuota asignada de 240,1 millones de DEG. Esta cifra refleja el limitado margen de maniobra que tiene el país en el marco del sistema multilateral y evidencia su escaso peso relativo dentro del organismo.
El informe técnico también advierte sobre desafíos estructurales persistentes, incluyendo la pérdida sostenida de reservas internacionales, una creciente dependencia del gasto público a través de subsidios fiscales, y dificultades para preservar la estabilidad macroeconómica. Estos factores, sumados al entorno político y social tensionado, configuran un escenario de alta vulnerabilidad.
La decisión del Gobierno de postergar la publicación del informe ha generado cuestionamientos sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. En un contexto marcado por la escasez de combustible, la falta de dólares en el mercado y crecientes tensiones con distintos sectores sociales, expertos y actores políticos consideran que el informe del FMI podría ofrecer claridad sobre la magnitud real de los problemas económicos que enfrenta el país.
Sin embargo, mientras la publicación del documento completo permanece en suspenso, el debate público se intensifica. Diversas voces reclaman que el Gobierno deje de ocultar información crucial para el análisis y toma de decisiones. La sociedad, sostienen, tiene derecho a conocer la verdadera dimensión del deterioro económico y las recomendaciones del FMI para enfrentarlo.
