Luego de que el Senado aprobara la abrogación de la Ley de Estados de Excepción, un grupo de cocaleros del trópico de Cochabamba se trasladó hasta el ingreso de la Novena División del Ejército, donde protagonizó una movilización marcada por consignas de rechazo, denuncias contra el Gobierno y una controvertida incursión dentro de instalaciones militares.
La protesta se desarrolló en medio de un clima de tensión política y social, luego de que diferentes sectores expresaran preocupación por la situación nacional y las decisiones asumidas en torno a la normativa que regulaba los estados de excepción en Bolivia.
En el lugar, los manifestantes instalaron trincheras improvisadas y utilizaron megáfonos para lanzar consignas contra el Gobierno y advertir sobre supuestas acciones que, según afirmaban, estarían dirigidas contra el líder cocalero Evo Morales, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por trata de personas.
Inicialmente, la movilización estuvo enfocada en rechazar la abrogación de la Ley de Estados de Excepción; sin embargo, posteriormente algunos dirigentes comenzaron a denunciar la supuesta presencia de militares extranjeros en instalaciones del Ejército, señalando que presuntamente estarían vinculados a una eventual captura del exmandatario.
“Nuestras bases están totalmente furiosas, y por esa razón nos hemos constituido aquí a la Novena División, para poder constatar y realmente ver la situación cómo está, porque el Gobierno está pretendiendo sacar un estado de sitio”, declaró Gastón Ledezma, secretario general de la Federación Carrasco.
En medio de la protesta, los cocaleros conformaron una comisión que logró ingresar a dependencias militares para realizar una supuesta “inspección” dentro de la unidad castrense. Videos difundidos posteriormente en redes sociales muestran a varios dirigentes recorriendo oficinas y ambientes internos de la Novena División del Ejército.
El hecho generó fuertes cuestionamientos, especialmente desde sectores militares y exautoridades vinculadas a las Fuerzas Armadas, que consideran que el ingreso de organizaciones sociales a recintos militares constituye una situación irregular y preocupante.
El general en servicio pasivo Omar Cordero expresó su rechazo a lo ocurrido y afirmó que ninguna organización sindical o social tiene atribuciones para ingresar a instalaciones militares, mucho menos para inspeccionarlas.
“Estoy espantado y extrañado que haya sucedido esto. Ningún comandante en jefe, ningún comandante del Ejército, peor de la División, puede autorizar que organizaciones sociales ingresen a instalaciones militares”, manifestó la exautoridad militar.
