El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes, a las 12:07, la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, una norma que había sido aprobada y sancionada por la Cámara de Diputados más de 30 horas antes, tras una extensa sesión legislativa que se prolongó durante varias horas. La promulgación se produce en un contexto de creciente conflictividad social, marcado por bloqueos de carreteras, enfrentamientos y demandas de renuncia contra el mandatario.
El acto oficial se llevó a cabo en la Casa Grande del Pueblo, donde Paz defendió la necesidad de la nueva legislación y aseguró que su objetivo principal es proteger la democracia, el orden constitucional y la seguridad de la población frente a amenazas que, según afirmó, buscan alterar la estabilidad del país.
“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático y constitucional”, manifestó el jefe de Estado durante su intervención.
La nueva ley establece el marco jurídico para la aplicación de los estados de excepción y los define como un régimen extraordinario y temporal que puede ser dispuesto por el Presidente del Estado cuando existan situaciones excepcionales que representen un riesgo para el orden constitucional, la seguridad interna o la estabilidad nacional.
La promulgación de la ley ocurre cuando Bolivia atraviesa uno de los periodos de conflictividad más prolongados de los últimos meses. Las protestas iniciaron hace 39 días con la declaración de un paro indefinido impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB), medida que posteriormente fue acompañada por bloqueos de carreteras promovidos principalmente por organizaciones campesinas.
Inicialmente, los sectores movilizados exigían respuestas a una serie de demandas sectoriales relacionadas con temas económicos, laborales y sociales. Sin embargo, con el paso de las semanas, las reivindicaciones fueron cambiando hasta concentrarse en una sola exigencia: la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió la conducción del país hace siete meses.
La persistencia de los bloqueos ha generado importantes dificultades para el transporte de pasajeros, el abastecimiento de productos y la circulación de combustibles en varias regiones del país, especialmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba.
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la aparición de grupos armados de civiles en algunos puntos de conflicto. Durante los últimos días se reportó la presencia de personas portando armas de fuego en zonas de bloqueo, particularmente en el municipio cruceño de San Julián.
La situación alcanzó un punto crítico el pasado sábado 6 de junio, cuando efectivos policiales y militares ejecutaron un operativo con el objetivo de desbloquear la carretera que conecta Santa Cruz con Trinidad. La intervención buscaba restablecer la circulación vehicular en una de las rutas más importantes del país.
Sin embargo, el operativo terminó en violentos enfrentamientos después de que comenzaran a registrarse disparos y personas heridas por armas de fuego. Como resultado de los incidentes, al menos seis efectivos policiales resultaron lesionados, cuatro de ellos por impactos de bala.
Entre los uniformados heridos se encuentra un policía que recibió un disparo en la cabeza y que permanece internado en una unidad de terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.
Asimismo, se reportaron civiles heridos durante los enfrentamientos, incluyendo una persona que fue ingresada a un centro médico en estado delicado tras recibir un impacto de proyectil.
Los hechos de San Julián no constituyen el único episodio violento registrado durante la actual crisis. El pasado 23 de mayo, durante un intento de desbloqueo en la localidad de Vilaque Copata, en el departamento de La Paz, un civil perdió la vida a causa de una herida provocada por arma de fuego.
Estos acontecimientos han incrementado la preocupación de las autoridades por el nivel de violencia presente en algunas movilizaciones y por la existencia de grupos organizados que estarían operando al margen de las estructuras legales.
Durante el acto de promulgación de la ley, el presidente Paz cuestionó el origen de las armas utilizadas en los enfrentamientos y pidió esclarecer quiénes están detrás de la organización de estos grupos.
“De dónde vienen esos armados, quién les entregó los fusiles, de dónde ese profesionalismo para atacar a nuestras fuerzas del orden que no fueron con armas de reglamento”, cuestionó el mandatario.
En su discurso, Paz también apuntó directamente contra el expresidente Evo Morales, a quien responsabilizó de promover acciones que, según afirmó, contribuyen a la escalada de violencia en el país.
“Tenemos organizaciones que han presentado su fuerza a través de las armas y el jefe que está en el Chapare, Evo Morales, ayer dio la orden de reforzar a las fuerzas en San Julián para que la violencia sea mayor. Lo dijo públicamente en un medio de comunicación”, sostuvo.
