El presidente Rodrigo Paz firmó el Decreto Supremo 5630, una nueva disposición destinada a brindar alivio financiero a las personas que vieron afectada su capacidad de pago debido a las consecuencias económicas generadas por los bloqueos registrados en el país. La norma ya fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado y permitirá a miles de ciudadanos acceder a mecanismos de refinanciamiento y reprogramación de sus créditos.
De acuerdo con el contenido del decreto, las entidades de intermediación financiera y las empresas de arrendamiento financiero deberán atender, evaluar, convenir y aprobar las solicitudes de refinanciamiento y/o reprogramación de operaciones crediticias de aquellos clientes que, de manera voluntaria, requieran este beneficio debido a las dificultades económicas provocadas por las medidas de presión que afectaron diversas regiones del territorio nacional.
La normativa establece que las entidades financieras podrán llegar a acuerdos con los prestatarios para adecuar las condiciones de sus créditos a la realidad económica que actualmente atraviesan. Para ello, cada caso será analizado de forma individual, tomando en cuenta la situación financiera particular de cada solicitante, con el objetivo de diseñar nuevos planes de pago que les permitan cumplir con sus obligaciones sin comprometer aún más su estabilidad económica.
El anuncio fue realizado por el mandatario durante el acto de promulgación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción. En esa oportunidad, Paz señaló que la medida busca beneficiar especialmente a sectores que resultaron seriamente perjudicados por los bloqueos, entre ellos gremiales, trabajadores por cuenta propia, artesanos, pequeños emprendedores y ciudadanos que no pudieron generar ingresos suficientes para cumplir con sus compromisos financieros.
“No es justo que quienes sufrieron por culpa de los bloqueos sigan siendo castigados. Este decreto está pensado para el boliviano y la boliviana que salen a trabajar cada día y que necesitan apoyo para reorganizar sus compromisos económicos”, manifestó el jefe de Estado al presentar la medida.
Entre los principales beneficios contemplados por el decreto se encuentra la posibilidad de incorporar períodos de gracia y de prórroga dentro de los nuevos acuerdos crediticios. Estas herramientas permitirán otorgar mayor flexibilidad a los prestatarios mientras recuperan su capacidad de pago.
Según la norma, el período de gracia podrá extenderse hasta seis meses a partir de la aprobación del refinanciamiento o reprogramación. Durante ese tiempo, el deudor no estará obligado a realizar pagos correspondientes al capital, intereses, seguros, comisiones ni otros cargos asociados al crédito. Esta disposición busca ofrecer un respiro financiero temporal a quienes enfrentan dificultades económicas derivadas de la paralización de actividades ocasionada por los bloqueos.
Asimismo, se establece un período de prórroga que cubrirá el tiempo durante el cual el prestatario se encuentre gestionando la solicitud de refinanciamiento o reprogramación. Durante esta etapa, las entidades financieras no podrán efectuar cobros ni modificar el estado de la obligación crediticia mientras se analiza y procesa la petición presentada por el cliente.
No obstante, el decreto aclara que los montos que dejen de pagarse durante los períodos de gracia o prórroga no serán eliminados ni condonados. Dichas obligaciones continuarán vigentes y deberán ser canceladas posteriormente, aunque bajo condiciones más flexibles y acordes a la capacidad económica del prestatario.
