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CASO GASOLINA DESESTABILIZADA: APREHENDEN A DOS ALTOS EJECUTIVOS DE YPFB Y LA INVESTIGACIÓN SE AMPLÍA

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La investigación por el denominado caso de la gasolina desestabilizada continúa avanzando y este lunes sumó un nuevo capítulo con la aprehensión de dos altos ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quienes son investigados por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo y distribución de combustibles.

Se trata de Eddy Rolando Torrico Ibáñez, gerente general de YPFB Logística, y Nelson Alejandro Mendoza, gerente comercial de YPFB, ambos alcanzados por las actuaciones desarrolladas por el Ministerio Público y la Policía Boliviana dentro del proceso que busca esclarecer posibles responsabilidades en torno a la comercialización y gestión de gasolina presuntamente desestabilizada.

Según el reporte oficial, Nelson Alejandro Mendoza fue aprehendido en la ciudad de La Paz por efectivos policiales que ejecutaron la orden emitida en el marco de la investigación. Tras su captura, el ejecutivo fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.

De manera paralela, Eddy Rolando Torrico Ibáñez fue aprehendido en la ciudad de Santa Cruz. La intervención se realizó en instalaciones de la empresa estatal, donde agentes policiales procedieron a ejecutar la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía.

De acuerdo con la documentación judicial, ambos ejecutivos son investigados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, figuras penales que fueron incluidas en las respectivas órdenes de aprehensión emitidas dentro de este proceso.

Las autoridades buscan determinar si existieron decisiones, omisiones o actuaciones irregulares que hayan provocado perjuicios económicos al Estado o afectado la adecuada administración de los carburantes comercializados por la estatal petrolera.

Según la información contenida en las actuaciones fiscales, el proceso fue impulsado por la diputada opositora Lissa Claros, de la Alianza Libre, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), instituciones que presentaron observaciones y denuncias relacionadas con la gestión de los combustibles investigados.

La investigación se concentra en establecer las circunstancias en las que se produjo la distribución de gasolina desestabilizada y determinar qué funcionarios o autoridades tuvieron participación directa o indirecta en los hechos que actualmente son objeto de análisis por parte del Ministerio Público.