La Justicia determinó este martes la situación jurídica de los cinco ciudadanos que fueron aprehendidos tras los enfrentamientos registrados con efectivos de la Policía durante las movilizaciones del pasado viernes. Luego de una audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional resolvió enviar a dos de los acusados al penal de Palmasola con detención preventiva, mientras que los otros tres se defenderán en libertad bajo medidas sustitutivas mientras avanzan las investigaciones.
La audiencia cautelar se desarrolló en un juzgado ubicado en el sexto piso del Palacio de Justicia y se instaló cerca de las 15:00. Durante varias horas, las partes expusieron sus argumentos respecto a la participación de los acusados en los hechos violentos que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Horas antes del inicio de la audiencia, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que los cinco aprehendidos fueron imputados formalmente por los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio y lesiones graves y leves, en el marco de las investigaciones abiertas por los disturbios registrados durante las protestas.
Según explicó la autoridad del Ministerio Público, la imputación responde a los elementos recolectados durante la etapa inicial de las investigaciones, los cuales serán puestos a consideración de la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes de cada uno de los involucrados.
En el caso de los tres imputados que obtuvieron medidas sustitutivas, estos lograron acreditar ante la autoridad judicial una serie de requisitos y documentación personal que permitieron demostrar arraigo familiar, laboral y domiciliario. Estos elementos fueron considerados por el juez para concederles la posibilidad de afrontar el proceso en libertad, aunque sujetos al cumplimiento de determinadas restricciones y obligaciones establecidas por la autoridad jurisdiccional.
Por su parte, los otros dos procesados fueron enviados con detención preventiva al penal de Palmasola mientras continúan las investigaciones. La medida busca garantizar su presencia durante el proceso y evitar posibles riesgos de obstaculización o fuga, según la valoración realizada por la autoridad judicial.
En medio de este escenario, el fiscal general Roger Mariaca también reveló que el Ministerio Público registra cerca de 90 denuncias relacionadas con las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y diferentes sectores campesinos que mantienen protestas y bloqueos en distintos puntos del país.
La autoridad señaló que estas denuncias abarcan diversos hechos ocurridos durante las jornadas de conflicto social, incluyendo enfrentamientos, daños a bienes públicos y privados, agresiones y otros presuntos delitos que son objeto de investigación por parte de fiscales en diferentes departamentos.
Mariaca remarcó que el Ministerio Público continuará actuando en coordinación con la Policía Boliviana para identificar y procesar a las personas que participen en acciones consideradas ilegales o que alteren el orden público.
“Cualquier individuo que quiera convulsionar el país, vamos a actuar con la Policía Boliviana”, manifestó el fiscal general al referirse a las acciones que se desarrollan en el marco de las movilizaciones.
Las investigaciones continúan mientras las autoridades realizan la recopilación de pruebas, declaraciones e informes policiales que permitan esclarecer los hechos ocurridos durante los enfrentamientos y establecer las responsabilidades correspondientes de las personas involucradas.
