Dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré anunciaron este martes que ingresarán en vigilia permanente y asumirán medidas de presión que incluyen la toma de instalaciones militares ubicadas en ese municipio del trópico de Cochabamba. La determinación surge como respuesta a la reciente promulgación de la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, norma que, según el sector, representa una amenaza para las organizaciones sociales movilizadas en el país.
La postura fue dada a conocer pocas horas después de que el presidente Rodrigo Paz promulgara la nueva legislación, en medio de un escenario marcado por más de un mes de conflictos y bloqueos que han generado dificultades en el abastecimiento de productos, afectaciones al transporte y limitaciones en el acceso a diversos servicios esenciales en distintas regiones de Bolivia.
Los dirigentes interculturales expresaron su preocupación por los alcances de la ley y advirtieron que mantendrán una vigilancia constante ante cualquier acción que consideren dirigida a restringir las movilizaciones sociales en el trópico cochabambino. En ese contexto, anunciaron la instalación de vigilias y otras medidas de presión en defensa de lo que consideran sus derechos y garantías.
El secretario de Relaciones de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, Mario Rivera, lanzó duras advertencias al Gobierno y manifestó que las organizaciones sociales no asumirán responsabilidad por eventuales enfrentamientos que pudieran registrarse si las fuerzas del orden intervienen en la región.
“No nos hacemos responsables de lo que pueda pasar en el trópico de Cochabamba, de los militares y policías”, afirmó el dirigente al referirse a la posibilidad de operativos destinados a despejar los puntos de bloqueo instalados en distintas carreteras del país.
Rivera también exhortó a las autoridades nacionales a evaluar cuidadosamente cualquier decisión relacionada con el despliegue de efectivos militares o policiales en la zona. “Que el Gobierno lo piense muy bien antes de ordenar a los militares y policías que vayan a los puntos de bloqueo”, sostuvo.
De acuerdo con la interpretación del dirigente, uno de los aspectos que genera mayor preocupación dentro de las organizaciones sociales es la disposición referida a la denominada “presunción de legalidad operativa” para las acciones desarrolladas por las fuerzas del orden durante la vigencia de un Estado de excepción. A juicio del sector movilizado, este punto podría derivar en una mayor intervención estatal contra las protestas que actualmente se desarrollan en diferentes regiones.
En sus declaraciones, Rivera aseguró que existe un creciente malestar entre las bases sociales del trópico cochabambino y advirtió que cualquier acción gubernamental podría generar una reacción de la población movilizada.
“El pueblo está cansado, el pueblo va a responder como ataque el Gobierno. Que no se equivoque con el trópico de Cochabamba, que no se equivoque con Chimoré”, manifestó el dirigente, reiterando la posición asumida por la federación.
