El acuerdo técnico alcanzado entre el Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla la aplicación de nuevas medidas destinadas a reducir el gasto público y disminuir el déficit fiscal, aunque estas acciones estarán acompañadas por mecanismos de apoyo económico dirigidos a los sectores considerados más vulnerables.
El ministro de Economía, Christian Morales, explicó que el proceso de transición hacia un nuevo modelo económico ya se encuentra en marcha y que las reformas no comenzarán recién en 2027, sino que varias de ellas están siendo implementadas durante la presente gestión.
Entre las principales medidas adoptadas para contener el gasto, la autoridad mencionó un ajuste de aproximadamente 30% en la planilla salarial de las entidades correspondientes al nivel central del Estado. Esta reducción forma parte de las acciones destinadas a avanzar hacia el objetivo de disminuir el déficit fiscal, que fue recibido por la actual administración en niveles cercanos al 16% del Producto Interno Bruto (PIB) y que, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado, se busca reducir hasta aproximadamente 9,3%.
Morales señaló que el ajuste no se limitará a la reducción de personal o de la planilla salarial, sino que también alcanzará otros componentes del gasto corriente considerados innecesarios o superfluos. Asimismo, indicó que se están revisando las inversiones públicas para garantizar que los recursos sean destinados a proyectos que tengan una finalidad concreta y generen resultados para la población.
“Hay varios ajustes que vamos a ir realizando, ya sea por planilla, pero también por otros gastos en el ámbito de gasto corriente, que son superfluos, o también en el ámbito de inversión, como hemos realizado en la presente gestión, porque recibíamos varios proyectos de inversión que no tenían un fin en sí”, explicó el ministro.
Sin embargo, Morales remarcó que la estrategia económica del Gobierno no se concentra exclusivamente en reducir el gasto público. Según explicó, uno de los principales objetivos del nuevo modelo es incrementar los ingresos de la economía mediante las diferentes reformas que están siendo implementadas.
En ese marco, el ministro también se refirió a la necesidad de establecer mecanismos de protección social para evitar que los efectos de las medidas económicas recaigan de manera desproporcionada sobre las familias con menores ingresos.
Morales anticipó que el Gobierno analiza la implementación de una nueva transferencia económica similar al denominado bono Pepe, pero con una cobertura social más amplia. La intención sería incorporar a sectores que no fueron contemplados en la primera etapa de este tipo de apoyo.
El ministro explicó que la experiencia de la transferencia realizada durante el primer trimestre de 2026 permitió identificar a grupos que quedaron fuera del beneficio, por lo que ahora se evalúa ampliar el alcance de una nueva medida de apoyo.
“Justamente, viene otro mecanismo similar al Pepe que hemos realizado en la presente gestión, pero incorporando algunos actores que de la evaluación de esta exitosa transferencia realizamos, que tal vez se habrían quedado afuera”, afirmó.
La autoridad aclaró que las características definitivas de esta nueva transferencia todavía se encuentran en etapa de evaluación. El Gobierno prevé analizar y socializar la propuesta con distintos sectores y actores económicos antes de definir su alcance y los beneficiarios.
El objetivo, según explicó Morales, será fortalecer la protección de las personas que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad mientras se implementan las reformas económicas y se avanza hacia el nuevo modelo.
Otro de los temas vinculados al proceso de transición es el futuro de los precios nacionales de los combustibles. Consultado sobre la posibilidad de que desde enero de 2027 los precios lleguen a niveles que permitan recuperar los costos de importación, Morales evitó confirmar que exista una aplicación automática de esa medida.
El ministro indicó que este asunto deberá ser analizado y discutido con los diferentes actores involucrados, por lo que todavía no existe una confirmación definitiva sobre el comportamiento de los precios de los carburantes a partir del próximo año.
