El sexto ampliado multisectorial, realizado la mañana de este martes en la ciudad de Oruro, concluyó con la determinación de llevar a cabo una masiva movilización en la segunda semana de marzo. La marcha partirá desde la localidad de Patacamaya con destino a la ciudad de La Paz y tendrá como principal demanda la derogación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que ha generado amplio rechazo en distintos sectores.
El representante de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, fue el encargado de dar lectura a la resolución del encuentro, en la que se definieron tres puntos clave:
- Realización de la marcha desde Patacamaya hasta La Paz en la segunda semana de marzo como medida de presión.
- Exigencia al Ejecutivo y al Legislativo para la eliminación de la disposición adicional séptima, la cual, según los gremiales, afectaría gravemente a comerciantes y productores de distintos niveles.
- Convocatoria a los Comités Cívicos departamentales para sumarse a las movilizaciones y respaldar la demanda hasta lograr la derogación de la norma.
Durante el encuentro, también se abordó el tema del litio, con un pronunciamiento contundente por parte de los representantes de los departamentos productores, Potosí y Oruro. Los asistentes reiteraron su oposición a la firma de contratos con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC, argumentando que antes de proceder con cualquier acuerdo, debe aprobarse el Proyecto de Ley 211, el cual fue consensuado entre las regiones afectadas.
“Rechazamos la aprobación de los contratos con Uranium One Group y la Hong Kong CBC hasta que se garantice la aprobación de la Ley 211”, expresó Gonzales en representación de los sectores movilizados.
Mientras se desarrollaba la reunión en Oruro, en Santa Cruz se llevó a cabo un encuentro paralelo con la participación de representantes de siete entidades cívicas de diferentes departamentos. En esta reunión se resolvió respaldar la demanda de derogación de la disposición adicional séptima del PGE y se rechazó cualquier intento de diálogo con el Gobierno hasta que la medida sea eliminada del ordenamiento jurídico.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, enfatizó la postura de los cívicos al respecto:
“Exigimos al Gobierno nacional y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la derogación de la disposición adicional séptima y no estamos de acuerdo en establecer mesas de diálogo mientras esta medida no sea expulsada del ordenamiento jurídico”, manifestó Larach al leer las conclusiones del encuentro.
En la reunión cívica de Santa Cruz participaron delegaciones de los comités cívicos de Oruro, Potosí, La Paz, Tarija, Pando y Cochabamba, evidenciando el creciente rechazo a la normativa y fortaleciendo la unidad entre regiones en defensa de los sectores productivos y comerciales.
