El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera fue acusado formalmente por autoridades de Estados Unidos de encabezar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de millones de dólares provenientes de esta actividad ilícita.
La acusación fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia y también incluye como imputado al ciudadano paraguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, señalado por los investigadores como uno de los principales operadores financieros del esquema criminal.
De acuerdo con el documento judicial, la red dirigida por Marset habría movilizado toneladas de cocaína desde distintos puntos de Sudamérica hacia Europa, generando ganancias que alcanzaban decenas de millones de euros. Posteriormente, estos recursos eran introducidos en el sistema financiero internacional mediante diferentes mecanismos diseñados para ocultar su origen ilícito.
Entre las estrategias utilizadas se encontraban la creación de empresas fachada, transferencias bancarias internacionales y la emisión de facturación falsa que simulaba operaciones comerciales legítimas. Con este sistema, la organización buscaba blanquear las ganancias del narcotráfico e incorporarlas al circuito financiero legal.
Según la acusación, Santoro, quien residía en Paraguay, desempeñaba un papel clave en la coordinación del movimiento de dinero proveniente del narcotráfico. En varios casos, el efectivo era transportado por mensajeros que entregaban maletas con grandes sumas de dinero en carreteras de Europa, donde posteriormente se realizaban los procesos para introducir esos fondos en el sistema bancario.
Una vez dentro del circuito financiero, el dinero era transferido a nivel internacional, generalmente en dólares estadounidenses. Para ello se utilizaban bancos corresponsales en Estados Unidos, lo que permitió que parte de las operaciones pasaran por infraestructura financiera ubicada en territorio estadounidense.
De acuerdo con la investigación, al menos una de estas transferencias atravesó un servidor bancario localizado en Richmond, en el estado de Virginia. Este elemento fue clave para que las autoridades estadounidenses asumieran jurisdicción sobre el caso.
El documento judicial también señala que la organización utilizó al menos siete empresas registradas en diferentes países y sectores económicos para facilitar el lavado de dinero. Estas compañías simulaban actividades comerciales mediante la emisión de facturas falsas con el objetivo de justificar las transferencias internacionales.
Las autoridades estiman que Santoro logró mover al menos 8 millones de dólares en menos de cinco meses a través del sistema financiero vinculado a bancos estadounidenses. Asimismo, la acusación señala que en enero de 2021 Marset esperaba recibir más de 17 millones de euros correspondientes a un solo cargamento de cocaína enviado a Europa.
La acusación presentada por el gran jurado sostiene que la conspiración operó entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021 y tuvo alcance en varios países, entre ellos Bélgica, Chile, Paraguay, Países Bajos, Portugal, China y Estados Unidos.
Según la fiscalía estadounidense, el objetivo de la organización era convertir las ganancias obtenidas del narcotráfico en dólares y posteriormente enviarlas de regreso a Sudamérica de manera encubierta para financiar nuevas operaciones criminales.
Además, el documento señala que miembros de la organización habrían recurrido a amenazas de violencia contra otras personas con el fin de proteger sus actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Marset ha sido considerado durante años como uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica y su nombre ha estado vinculado a múltiples investigaciones en la región. Su caso adquirió notoriedad internacional en 2022 cuando se reveló que había obtenido un pasaporte uruguayo mientras se encontraba detenido en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.
Posteriormente, autoridades de Paraguay, Bolivia y Uruguay lo identificaron como el presunto líder de una estructura criminal dedicada al envío de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.
En Bolivia, el caso tomó relevancia en 2023 cuando operativos policiales realizados en Santa Cruz de la Sierra intentaron capturarlo tras detectar una red de protección y apoyo logístico que presuntamente operaba en el país. Estas investigaciones derivaron en varios procesos judiciales y generaron cuestionamientos a instituciones vinculadas a la seguridad.
Mientras continúan las investigaciones en diferentes países, la acusación presentada en Estados Unidos abre un nuevo frente judicial contra Marset, quien podría enfrentar severas penas de prisión y el decomiso de bienes vinculados al lavado de dinero en caso de ser declarado culpable.
