El pronunciamiento de la Sala Constitucional Segunda de La Paz, en el marco del amparo presentado por el excandidato René Yahuasi, fue interpretado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como un respaldo claro a sus atribuciones. Así lo expresó su presidente, Gustavo Ávila, quien aseguró que con esta resolución se restituye plenamente la tuición y potestad del Órgano Electoral sobre la administración de los procesos electorales.
A través de un breve mensaje en video, Ávila manifestó que el fallo envía una señal contundente en favor del respeto a la Constitución y a las normas vigentes. En sus declaraciones, cuestionó que durante el proceso se hayan intentado generar dudas mediante acciones constitucionales y denuncias que calificó como falsas. En ese sentido, afirmó que el TSE ha actuado conforme a la ley y que continuará desempeñando su labor bajo ese mismo principio.
La audiencia de amparo constitucional se llevó a cabo la mañana de este miércoles, luego de que René Yahuasi solicitara que la justicia obligue al TSE a habilitar una segunda vuelta electoral en el departamento de La Paz. El recurso fue presentado tras su inhabilitación, que se produjo a raíz de la declinación del partido político que respaldaba su candidatura.
Sin embargo, los vocales de la Sala Constitucional determinaron de manera unánime que el demandante no tenía fundamentos suficientes. Consideraron que Yahuasi conocía previamente los reglamentos internos de la organización política que lo postuló, por lo que avalaron la decisión del TSE de cancelar la segunda vuelta en esa región.
Este caso vuelve a poner en evidencia la creciente judicialización de los procesos electorales en el país, una tendencia que se ha consolidado en los últimos años. Durante la gestión del presidente Luis Arce, diversas controversias relacionadas con el ámbito electoral han sido trasladadas a instancias constitucionales, en un contexto marcado además por la prórroga de autoridades judiciales y la postergación de elecciones en ese órgano.
En ese marco, Ávila remarcó que las autoridades electorales no actúan bajo presión de partidos políticos ni responden a amenazas o intereses particulares, sino que se rigen estrictamente por la normativa vigente. Destacó que la resolución de la Sala Constitucional reafirma que el TSE actuó correctamente y dentro del marco legal, subrayando que el eje central del debate siempre fue el cumplimiento de la ley.
