Tras los recientes hechos de violencia registrados en San Ignacio de Velasco, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, exigió al Gobierno nacional adoptar medidas “inmediatas y concretas” para frenar la inseguridad en este municipio fronterizo con Brasil. La demanda surge después de que este domingo se reportara el asesinato a tiros de dos hombres, en hechos que volvieron a encender las alarmas por la presencia de estructuras criminales en la región.
Ante esta situación, la autoridad departamental pidió triplicar la presencia policial en las zonas consideradas de mayor riesgo y reforzar de manera permanente los controles en la frontera con Brasil.
Velasco informó que, tras conocer los últimos acontecimientos, se comunicó con el ministro de Gobierno, el comandante departamental de la Policía y el comandante general de la Policía Boliviana, quienes le explicaron las acciones que se estaban ejecutando en la zona.
“Ante los últimos hechos ocurridos en San Ignacio de Velasco, acabo de comunicarme con el Ministro de Gobierno, el Comandante Departamental de la Policía y el Comandante General de la Policía Boliviana. Me informaron sobre las acciones inmediatas que están ejecutando, el despliegue de equipos en la zona y el reforzamiento del Plan Fronteras Seguras”, señaló el gobernador a través de sus redes sociales.
Sin embargo, Velasco cuestionó la efectividad de las medidas implementadas hasta el momento y sostuvo que los recientes hechos demuestran que las acciones actuales no están logrando contener la violencia.
“Las medidas actuales no están dando los resultados que necesitamos”, afirmó.
El gobernador expresó además su preocupación por la situación que atraviesa la Chiquitania y advirtió que la población se encuentra en estado de alerta debido al incremento de hechos relacionados con la violencia y el crimen organizado.
“Ambos comandantes llevan pocos días posesionados y confío en que puedan revertir esta situación con acciones firmes, inteligencia y mayor presencia territorial”, sostuvo.
No obstante, remarcó que las autoridades nacionales deben asumir acciones contundentes para evitar que hechos relacionados con el sicariato y el crimen organizado se conviertan en situaciones habituales en el departamento de Santa Cruz.
“No podemos permitir que el sicariato y el crimen organizado se conviertan en parte de la vida cotidiana de Santa Cruz. San Ignacio de Velasco, la Chiquitania y todo nuestro departamento están en vilo. Estamos llegando a un límite que exige decisiones extraordinarias”, manifestó.
Ante el incremento de los hechos violentos, el gobernador Juan Pablo Velasco, junto con la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), María René Álvarez, y la asambleísta de la provincia Velasco, Natasha Castedo, exigió al Gobierno nacional reforzar los operativos de seguridad en las zonas consideradas de mayor riesgo.
Entre las principales demandas planteadas se encuentra el incremento significativo de efectivos policiales, el fortalecimiento de las unidades de Inteligencia e investigación criminal y el establecimiento de controles permanentes en los pasos fronterizos.
“Exigimos a las autoridades nacionales competentes medidas inmediatas y concretas: triplicar la presencia policial en las zonas más afectadas, fortalecer las unidades de Inteligencia e investigación y reforzar de manera permanente el control de nuestras fronteras”, señaló Velasco.
La autoridad departamental también pidió al Ministerio de Defensa disponer la presencia de las Fuerzas Armadas en la denominada “zona roja” del departamento, dentro del marco establecido por la Constitución y las competencias legales de la institución militar.
“Exigimos y necesitamos que el Ministerio de Defensa militarice esta zona roja del departamento, dentro del marco constitucional y de las competencias de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.
Velasco consideró que la situación requiere una presencia más efectiva del Estado para enfrentar al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras estructuras delictivas que operan en zonas fronterizas y que, según advirtió, representan una amenaza para la población.
“Necesitamos que el Ministerio de Defensa concentre recursos, personal y capacidad operativa donde hoy existe una amenaza real e inmediata para las familias bolivianas”, afirmó.
El gobernador insistió en que la respuesta estatal no debe limitarse a intervenir después de que ocurran hechos violentos, sino que debe incluir acciones de prevención, inteligencia, investigación criminal y control territorial.
“Esto no se resuelve únicamente reaccionando después de cada hecho violento. Necesitamos prevención, Inteligencia, control fronterizo, investigación criminal y presencia permanente del Estado”, manifestó.
